INDEPA participa en asamblea del Cenepa

INDEPA PARTICIPA EN ASAMBLEA MACROREGIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS DE LAS REGIONES DE CAJAMARCA, AMAZONAS Y LORETO.

Foto: Equipo de comunicaciones de ODECOFROC

La UE N° 004 – INDEPA participó este 22 de setiembre del presente año en la Asamblea Macroregional de los Pueblos Indígenas de las Regiones de Cajamarca, Amazonas y Loreto; en atención a las invitaciones realizadas por la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN – P) y la  Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFRC).

En la referida asamblea participaron las Federaciones Regionales indígenas de Loreto, representada por Mamerto Maicua Pérez como presidente de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas Región San Lorenzo

(CORPI San Lorenzo) y como representante de la Organización Regional de Cajamarca, Amazonas y San Martín, Edwin Montenegro Dávila como presidente de la ORPIAN –P; Ermeto Tuesta Cerrón, del Instituto del Bien Común (IBC) y Marleny Castillo Fernández, del Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE); el Gobernador de la Provincia de Condorcanqui, Profesor Hugo Samaniego Gutiérrez y el representante de la UE N° 004 – INDEPA, Abog. Rubén Ninahuanca, como representantes de las ONGs y del estado peruano respectivamente.

La asamblea tuvo como objetivos; consensuar agendas entre las regiones amazónicas del norte del Perú respecto de la problemática ambiental y conocer sobre los avances de la gestión del INDEPA en la tutela de los derechos de los pueblos indígenas, acuerdos que serán puestos en conocimiento a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para su implementación.

Zebelio Kayap Jempekit, presidente de ODECOFROC, manifestó que: “la participación de ORPAM, ORSEDIT, ORDESIM, ORPAM, FEDECAHC, FENARA, FIDASA, Consejo Aguaruna Huambisa, Consejo Indígena Amazónico del Perú y ODECOFROC, demuestra la unidad de los pueblos indígenas para abordar la problemática ambiental que debe ser atendida por el Estado, por ello es importante la presencia del INDEPA y de las demás autoridades de la Región que han sido debidamente invitadas”.

La agenda a tratar durante la jornada inicialmente fue planteada: 1. Análisis de la Gestión actual de INDEPA y el Viceministerio de Interculturalidad, 2. Implicancias de la actividad extractiva en la Cordillera del Cóndor, 3. Actividades hidrocaburíferas en las regiones de Amazonas y Loreto, 4. Hidroeléctricas en la cuenca del Marañón, 5. Situación actual del ejercicio del derecho a la Consulta. “Estamos convencidos que los acuerdos que se logren en esta reunión serán escuchados e implementados por el gobierno central” – sostuvo Edwin Montenegro Dávila, presidente de ORPIAN – P. Por su parte Mamerto Maicua Pérez, presidente de CORPI San Lorenzo saludó la iniciativa del Presidente de ODECOFROC en reunir a las federaciones de la amazonía norte del Perú con la finalidad de consensuar acuerdos comunes que permitan exigir una atención integral de sus demandas.

Odecofroc denuncia que silencio de adjuntía de la Defensoría del Pueblo

Odecofroc denuncia que silencio de adjuntía de la Defensoría del Pueblo se debe a la estrecha relación con el viceministerio de Interculturalidad

La Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa – Odecofroc denunció hoy que el silencio de la adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, su negativa a pronunciarse e investigar las denuncias que hacen las comunidades originarias responde a una estrecha relación entre el director general de Interculturalidad del ministerio de Cultura, Paulo Vilca Arpasi y la jefa de esta oficina, Alicia Abanto Cabanillas.

Como se recuerda, durante el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa; las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad (Aidesep, CNA, Conacami y Onamiap) mostraron su disconformidad con este proceso, pidiendo la modificación de algunos artículos de la Ley de Consulta Previa, acudiendo a la Defensoría del Pueblo para que interceda en esta situación.

Lamentablemente, como señala el documento adjunto, Abanto Cabanillas dijo que su rol en el proceso de consulta era de observadora, desobedeciendo a la Constitución Política, en su artículo 162 que dice que le corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad y no mirar u observar como violan nuestros derechos impunemente.

Agregando que el silencio de la Defensoría se extiende pues la dirección general de Interculturalidad debe entregar la guía metodológica para facilitar el proceso y la base de datos oficial, sin embargo, no se cuenta con estos instrumentos y nuevamente la Adjuntía impone su silencio cómplice.

Asimismo, la organización indígena exhortó y alertó al gobierno que tome acciones sobre el ministerio de Cultura y el viceministerio de Interculturalidad pues, en nombre de la ley de acceso a la información pública, solicitaron las funciones de los asesores y contratos de terceros recibiendo como respuesta documentación incompleta, ambigua e inexacta.

Lo más preocupante del tema, en la carta remitida por el Apu Zebelio Kayap Jempekit, a los medios de comunicación, es que dentro de la información alcanzada se detecta el contrato por órdenes de servicio de funcionarios que se le desconocen su formación académica, pero que baja esta modalidad, ganan casi 4 mil dólares como es el caso de Gil Inoach; personaje contrario a los pueblos amazónicos.

Leer documento de Odecofroc.

Líderes awajún wampis en contra de las actividades extractivas

Hace unos pocos días -26 al 29 de junio pasado- los Jefes de Comunidades y Líderes de los Pueblos Awajun Wampis han realizado un encuentro en Santa María de Nieva, Condorcanqui, Región Amazonas, con la finalidad de definir una posición común frente a la actividad petrolera y minera que ya se desarrolla en sus territorios ancestrales.
La empresa Dorato (antes Afrodita) tiene concesiones mineras en las cabeceras de cuenca de la Cordillera del Condor, la empresa Maurel et Promo ya está desarrollando actividades de exploración en el Lote 116, y la empresa Petron Resources está gestionando otro lote para comenzar a explorar en esos mismos territorios.
Los líderes Awajun Wampis reunidos en Nieva han dicho que “Esas concesiones están superpuestas a una o dos áreas naturales protegidas, las actividades de explotación dañarán y destruirán las fuentes de agua, nuestros lugares sagrados (cerros, cataratas, bosque) donde fortalecemos nuestra espiritualidad para tener cosmovisión hacia una larga vida y el Tajimat/Tarimat Pujut (Buen Vivir), nuestro ambiente y el pulmón verde del mundo.”  Concluyen “llamando a las autoridades y gobernantes del país para que cumplan con su deber de atender nuestro pedido de RETIRO INMEDIATO de las empresas Maurel Et Prom y Minera Dorato SAC del territorio ancestral de los pueblos Awajun Wampis; antes de que el pueblo determine y los desaloje.”
De paso, también están en contra del proyecto Mina Conga y otros más en Cajamarca pues para darles energía habrá que construir la hidroeléctrica Chadín II, que alterará el curso del rio Marañón, en torno al cual organizan buena parte de su vida.
Más claro ni el agua. No ha habido consulta previa, no hay licencia social, los líderes locales no quieren esas actividades en su territorio.
La pregunta, como lo es en el caso de Conga y el proyectado distrito minero del Sur de Cajamarca, es al interés de quien responden estas actividades. ¿Es tan importante para el país la renta que le generará por regalías e impuestos las actividades mineras de Dorato? ¿El abastecimiento energético del país depende de la producción que logre Maurel et Prom? ¿Vale la pena pagar el costo ambiental y social que significará hacer minería y petróleo en estos territorios Amazónicos tan solo para satisfacer el afán de lucro de dos empresas cuyo aporte fiscal y productivo es marginal?
Frente a este nuevo escenario de conflicto, el Presidente Humala tiene la oportunidad de actuar diferente de como lo está haciendo en Conga. Tiene aun la oportunidad de ser firme con las empresas, retirarlas de la zona, organizar un buen proceso de consulta, y establecer una alianza estratégica con los Awajun Wampis en torno al respeto de su dignidad y el manejo tradicional y sostenible del bosque amazónico como su fuente de sustento y como reserva verde de la humanidad.

Nadie quiere otro Baguazo.

Ausencia de políticas interculturales genera desgobierno en materia indígena.

“No se puede coordinar políticas interculturales sino se cuenta primero con ellas” – así lo manifestó el Sub Gerente de Comunidades Campesinas, Alexander Shacaime Arroyo.” “El Viceministerio de interculturalidad tiene el mandato legal de establecer las políticas en materia indígena, sin embargo a la fecha no contamos con ninguna. Esta omisión imposibilita establecer canales válidos de coordinación entre el gobierno central y los gobiernos regionales en políticas interculturales en un horizonte previamente definido y concertado; generando que nuestras oficinas regionales sean decorativas y folcklóricas en la gestión pública” – agregó.

“A inicios de año se sostuvo una reunión con un funcionario del Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) en la que se detalló nuestra problemática, cuyos insumos servirían para alimentar una propuesta de institucionalidad indígena, este gesto demostró seriedad, voluntad política y certeza de la gestión del Dr. Gustavo Zambrano a cargo de INDEPA, quien depende jerárquicamente del Viceministerio de Interculturalidad, representado por el Dr. Ivan Lanegra Quispe, sin embargo a la fecha no hemos recibido ninguna propuesta técnica sobre institucionalidad indígena, ni tampoco conocemos cuales fueron los resultados y coordinaciones realizadas entre el INDEPA y el Viceministerio de Interculturalidad sobre este asunto.” – remarcó.

“Frente a esta descoordinación con el Gobierno Central, nuestra Sub Gerencia de Comunidades Campesinas y Nativas, asumirá el rol de impulsor de políticas públicas interculturales de carácter regional, dentro del marco de la Constitución y las normas vigentes en materia de descentralización, en armonía con el principio de subsidiariedad; que permite que nuestro Gobierno Regional pueda regularse en estos temas sin alterar el Bloque Constitucional.” – advirtió.

“La posición de mi gestión, es el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Nuestra gestión es abierta al diálogo y a la concertación no sólo entre los hermanos indígenas, sino también con las demás instancias que tienen la obligación de tutelar los derechos de mis hermanos” – acotó. Además manifestó que en los próximos días alcanzaría un plan de trabajo al Viceministerio de Interculturalidad, como ente rector en materia indígena, con la finalidad de trabajar conjuntamente la Institucionalidad Estatal Indígena.

El Ejecutivo Publica Reglamento de Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, publicó hoy el reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, que será aplicado por los gobiernos regionales y locales para los procesos de consulta a su cargo.

De acuerdo al texto, el Estado adoptará todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como los derechos a la vida, la integridad y pleno desarrollo, promoviendo la mejora de su calidad de vida.
En ese sentido, los gobiernos regionales y locales solo podrán promover procesos de consulta, previo informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad, según el decreto supremo 001-2012-MC publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano.
El dispositivo señala que este viceministerio ejercerá el rol de rectoría en todas las etapas del proceso de consulta, correspondiendo a los gobiernos regionales y locales la decisión final sobre la medida.
También el Viceministerio de la Interculturalidad se encargará de dictar políticas orientadas a promover la debida capacitación de facilitadores e intérpretes de la consulta, y de elaborar la Base de Datos Oficial de los pueblos indígenas del país.
De esa manera, el derecho a la consulta previa se realizará con el fin de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos como tales por el Estado peruano en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados por el Perú y las leyes.
La norma también señala que el resultado del proceso de consulta no es vinculante, salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdo entre las partes.
Sin embargo, sí es obligatorio celebrar una consulta de acuerdo a las obligaciones establecidas por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Como excepción, establece que las normas de carácter tributario o presupuestario no son materia de consulta.
Para ello, las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe, con un verdadero diálogo entre las autoridades gubernamentales y los pueblos indígenas, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo o consentimiento, buscando que la decisión se enriquezca con los aportes de los representantes indígenas.
A fin de lograr ese objetivo, deben establecerse mecanismos apropiados, realizándose las consultas de una forma adaptada a las circunstancias y a las particularidades de cada pueblo indígena consultado.
Esas consultas deben realizarse a través de los representantes de las comunidades indígenas directamente afectadas por medidas administrativas o legislativas propuestas por el Estado, quienes deben ser nombrados conforme a sus propios usos y costumbres, debiendo acreditarse debidamente ante la entidad promotora de la consulta.
En atención a la diversidad de los pueblos indígenas y a sus costumbres, el proceso de consulta considera las diferencias según las circunstancias a efectos de llevar a cabo un verdadero diálogo intercultural.
La falta de representantes no es obstáculo para la realización del proceso de consulta, debiendo la entidad promotora adoptar las medidas necesarias para hacer posible la consulta a los pueblos indígenas que pudieran ser afectados.
En el caso de las entidades promotoras, representadas por los gobiernos regionales o locales, pueden realizar reuniones preparatorias con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, para informarles la propuesta de plan de consulta.
La misma entidad promotora pondrá fin al proceso de diálogo si el incumplimiento del principio de buena fe impidiera la continuación del proceso de consulta, elaborando un informe sobre las razones que sustentan dicha decisión.
De alcanzarse un acuerdo total o parcial entre el Estado y los pueblos indígenas, como resultado del proceso de consulta, dicho acuerdo es de carácter obligatorio para ambas partes.
En caso de que no se alcance un acuerdo y la entidad promotora dicte la medida objeto de la consulta, le corresponde a dicha entidad adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
También debe garantizar sus derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo, promoviendo la mejora de su calidad de vida. Los representantes que expresen su desacuerdo tienen el derecho de que el mismo conste en el acta de consulta.
Fuente: Andina

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• Sobre el borrador del Reglamento de la Ley de Consulta Previa

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La Reglamentación de la Ley de Consulta Previa Libre e Informada

INDEPA

Se presentará un borrador para que pueda ser aprobado por el Poder Ejecutivo, de tal manera que ya se pueda aplicar, manifestó el jefe del Indepa, Gustavo Zambrano.

A fin de mes se presentará un borrador del reglamento de la Ley de Consulta Previa para que pueda ser aprobado por el Poder Ejecutivo, de tal manera que ya se pueda aplicar, manifestó el jefe del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), Gustavo Zambrano, en RPP Noticias.

El funcionario explicó que el proceso de reglamentación es inédito y ya se han llevado a cabo cinco eventos macro regionales que contaron con la participación de unas 2 mil personas de pueblos indígenas de todo el país.

Estas reuniones se han realizado en Chiclayo, Bagua, Iquitos, Cusco y Pucallpa. El 5 y 6 del presente mes será en Huancayo y cerramos en Lima los días 13, 14 y 15 en un evento nacional.

“Somos un apoyo técnico y estos eventos son parte de la evaluación y diálogo interno de los pueblos indígenas, quienes tienen el objetivo de aportar al proceso de reglamentación”, refirió.

Detalló que en estos espacios de diálogo los pueblos indígenas se reúnen y primero, se les informa sobre los estándares internacionales de cumplimiento obligatorio que tiene el Estado peruano sobre el derecho a la consulta; segundo, las visiones de desarrollo que puedan tener los mismos pueblos indígenas y tercero, la ley, la propuesta de reglamento que ha sido elaborada como parte de este proceso.

“La idea de la consulta es que es un proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, al final las partes deben llegar a un acuerdo y este debe ser cumplido por ambas partes”, señaló.

Además, dijo que si no logran acuerdos, la ley dice que el Estado tiene la potestad de tomar la decisión; sin embargo, enfatizó, que no es cualquier decisión; esta deberá garantizar que no se afecten los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

Resaltó que hasta el momento han recibido 40 aportes, aproximadamente, de diversos sectores, inclusive del extractivo, quienes también han dado su opinión. “Es decir hay aportes de todos”, agregó.

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