Congreso Estatutario de la Unión Regional de los Pueblos Indigenas de la Amazonia de la Provincia de Atalaya - URPIA

La “Institucionalización de los pueblos Asháninka, Ashéninka, Yine Yami, Shipo – Conibo, Amahuaca, Yaminahua, Kashinahua,  Shintonahua y Machiguenga y de los pueblos No contactados  para el pleno ejercicio del Autogobierno, autodesarrollo, autonomía, la territorialidad y la libre determinación social, cultural, política, económica, jurídico y medio ambiental de los pueblos Amazónico”.

Acta de acuerdo Resolutivo

A los veinte cuatro días del mes de setiembre del dos mil once, siendo la hora 10.00 am, en la ciudad de Villa Atalaya, sito en el salón del Colegio Hildebrando Fuentes, Distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya, Ucayali, reunidos los Jefes, delegados de las Comunidades Nativas, autoridades y lideres de las Federaciones de los Pueblos Indígenas para llevar a cabo el  Congreso Estatutario de la Unión Regional de los Pueblos Indigenas de la Amazonia de la Provincia de Atalaya – URPIA, debidamente convocada  por el Presidente de la Organización Regional, el Profesor; Cleofás Quintori Soto, con participación de los delegados, jefes de comunidades y lideres de las federaciones y organizaciones abajo firmantes, tales como son:

FECONAPA, La Federación de Comunidades Ashéninka de la Provincia de Atalaya.

FABU, Federación Asháninka de Bajo Urubamba.

OIYPA, Organización Indígena Yines de la Provincia de Atalaya.

FARU, Federación Asháninka de Rio Ucayali.

OAGP, Organización  Ashéninka del  Gran  Pajonal

FACRU, Federación Ashéninka de la Cuenca del Rio Unini.

OIDIT, Organización Indígena Distrital de Tahuanía.

ORDECONADIT, Organización de Comunidades Nativas del Distrito de Tahuanía.  

LA MINGA, Empresa Comunal Indígena de Atalaya.

FECONADIS, Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Sepahua.

El presidente de URPIA, el líder ashéninka, Cleofás Quintori Soto da la bienvenida a los delegados, jefes de comunidades y Federaciones indígenas presente. Asimismo, da la bienvenida a invitados especiales como; Autoridades y Funcionarios de Entidades Publicas y hace conocer el propósito del Congreso Estaturario de la URPIA, que viene ser institucionalizar la vida orgánica de la “Unión Regional De Los Pueblos Indígenas De La Amazonia De La Provincia De Atalaya” – URPIA, aprobando el estatuto social,  con el fin dar operatividad formal, que conlleve asumir el rol transformador, protector y defensor, articulador, coordinador y unificador  entre federaciones indígenas; asimismo, con entidades del Estado y privadas en aras de contribuir a eliminar la exclusión, la sobre explotación humana, la desprotección de los derechos indígenas y mitigar el cambio climático, los desborde de los ríos, la depredación del bosque tropical y la pobreza agobiante en miles y miles de hogares indígenas,  camino hacia la libre determinación social, cultural, económico, política, jurídica y medio ambiental de  los pueblos  Amazónicos de la Provincia de Atalaya. En la apertura han participado autoridades de los organismos públicos, tales; Miguel Camayteri Fernández, Alcalde del Centro Poblado de OVENTINI, representante de la Policía Nacional del Peru–Atalaya, SOB PNP, Hugo Sulca Moore y el Dr. Prude del Piño Ríos, representante del Alcalde y teniente Alcalde de la Municipalidad Provincial de Atalaya, quien dió la apertura del congreso.

Seguidamente, se dio paso al nombramiento de la Meza de debate del Congreso Estatutario, luego, de varias propuestas de candidatos, fueron elegidos:

Presidente: Bernardo Silva Loayza, Pueblos Asháninka, Empresa Comunal La MINGA - Atalaya

Secretario: Alvin Vargas Maynas, Pueblos Shipibo – ORDECONADIT - Tahuanía

Disciplina : Freddy Edgar  Pizarro Yauri, Organización FECONADIS – Sepahua-

Luego, el presidente de la meza de debate, da paso a consulta  y recibe el consentimiento de la plenaria para proseguir con el desarrollo del  Congreso Estatutario de la Unión Regional de los Pueblos Indigenas de la Amazonia de la Provincia de Atalaya – URPIA. Seguidamente, el presidente de debate somete a consulta sobre la agenda y siendo aprobado  tal conforme al programa establecido, con la agenda:

1.    La aprobación del estatuto social de la “Unión Regional De Los Pueblos Indígenas De La Amazonia De La Provincia De Atalaya” – URPIA para la transformación social, cultural, económica y política de los pueblos amazónicos de la Provincia de Atalaya.

2.    La afiliación ante AIDESEP Nacional y COICA de Internacional.

3.    Evaluar  la política de la INCLUSION SOCIAL  A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, LA AMAZONIA Y LA LEY DE CONSULTA aprobado por el gobierno nacionalista.

4.    Encuentro y Dialogo con el presidente Constitucional de la República, Cmdte Ollanta Humala taso.

5.    Otros puntos de interés colectivo de los pueblos amazónicos.

CONCLUSIONES Y ACUERDOS:

Análisis y aprobación del estatuto social de la “Unión Regional De Los Pueblos Indígenas De La Amazonia De La Provincia De Atalaya” – URPIA. Este tema estuvo a cargo por el Sociólogo y líder Indigena; Guillermo Ñaco Rosas, quien procedió a la presentación y la explicación de artículo por artículo y que luego de un día y medio de trabajo integro ( 24 y 25 de setiembre 2011), se llego a la aprobación respectivo, consistiendo un total de 69 artículos. Cuya finalidad central de URPIA, es De Representar, Coordinar, Concertar, Defender, Regular, Articular, Y Ejercer  La   Interlocución Legítima De Las Organizaciones  O  Federaciones  Indígenas Representativas  De  Las  Comunidades  Nativas De  Los  Pueblos   Asháninka, Ashéninka, Yine Yami,  Shipibo –Conibo, Amahuaca, Yaminahua, Kashinahua,  Shintonahua, Machiguenga, Otros Y De Los Pueblos Indígenas No Contactados O Pueblos Indígenas En Estado De Aislamiento Voluntario Como Mashco Piro, Matsiguenka, Nahua, Kugapakori, Asháninka, Nanti, Kaquinte, Yora, Amahuaca, Isconahua, Murunahua, Shintonahua, Mayoruna, Arabela, Cashibo, Cacataibo Y Otros De La Amazonía Peruana De La Familia Arawak Y De La Familia Pano,  Ante Los Gobiernos Locales, Regionales Y Central Y,  Ante Las Instituciones  Públicas Y  Privadas, Nacionales  E Internacionales. El periodo del primer Consejo Directivo ejercerá por un periodo de 05 años (AL 10 DE JULIO DEL 2011 AL 10 DE DICIEMBRE 2016), nombrado por el Congreso de los Pueblos Indigenas celebrado el 09 y 10 de julio 2011, y modificado en este presente Congreso Estatuario, conformado:      

Presidente: Cleofás Quintori Soto, Pueblo Ashéninka, Organización OAGP.

Vice presidente: Rafael Torino Urquia, Pueblo Shipibo – Conibo, Organización ORDECONADIT

Secretario: Jhones Aro Pacaya, Pueblo Yine –Yami, Organización OIYPA

Tesorera: Juana Shuñaqui Gregorio, Pueblo Ashéninka, organización OIDIT

Fiscal: Edinson Blanco Cahuana, Pueblo Yine, Organización FECONADIS

Seguidamente, se discutió y se procedió a aprobar por consenso la ESTRUCTURA OPERATIVA Y LA ESTRUCTURA DE POLITICA ORGANIZATIVA de la Organización regional de URPIA. Acto seguido, se procedió aprobar el membrete de URPIA consistiendo una corona con plumajes como símbolo, que representa la máxima autoridad de los pueblos indígenas de la familia ARAWAK Y PANO y con un fondo de los Pueblos Indigenas No Contados.

La afiliación de la Organización Regional URPIA ante AIDESEP Nacional y COICA Internacional.

Intervienen los lideres Asháninka, Ashéninka, Shipibos – Conibo, Yine Yami, fundadores  de las comunidades nativas, federaciones y autoridades de las federaciones, tales; OAGP, FECONAPA, FABU, FACRU, FARU, OIYPA, ORDECONADIT, OIDIT, Empresa Comunal LA MINGA  y la intervención de los jefe y delegados de las comunidades nativas presente, todos ellos, concuerdan de la importancia de estar UNIDOS Y ARTICULADOS MAS QUE NUNCA con nuestra organización Nacional e Internacional, sumando esfuerzos entre organizaciones de los pueblos indígenas solo así se puede lograr las aspiraciones y las justas demandas que exigen nuestros pueblos indígenas. Luego, se sometió a consulta, resultando por consenso la definición a la afiliación de la Organización Regional de URPIA ante AIDESEP Y COICA respectivamente, manteniendo la autonomía y la libre determinación organizativa de URPIA.

Encuentro y Dialogo con el presidente Constitucional de la República, Cmdte Ollanta Humala Taso.

Luego, de las intervenciones de los jefes, delegados, presidentes de las federaciones y de los líderes presente, se ha evaluado esta agenda, llegando a acuerdo siguiente:

Ø  Sostener dialogo y encuentro con el presidente Constitucional de la República, Cmdte Ollanta Humala taso, Ministros de Estado, el Congreso de la República y Agencia de Cooperación nacional e internacional, a realizarse entre el día 24 al 28 de octubre del 2011.

Ø  Constituir una Comisión Intercultural integrado por 25 líderes (Hombre – Mujer), de las Federaciones:

FECONAPA, La Federación de Comunidades Ashéninka de la Provincia de Atalaya.

FABU, Federación Asháninka de Bajo Urubamba.

OIYPA, Organización Indígena Yines de la Provincia de Atalaya.

FARU, Federación Asháninka de Rio Ucayali.

OAGP, Organización  Ashéninka del  Gran  Pajonal

FACRU, Federación Ashéninka de la Cuenca del Rio Unini.

OIDIT, Organización Indígena Distrital de Tahuanía.

ORDECONADIT, Organización de Comunidades Nativas del Distrito de Tahuanía. 

LA MINGA, Empresa Comunal Indígena de Atalaya.

FECONADIS, Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Sepahua.

MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ATALAYA

MUNICIPALIDAD DELEGADA DEL OVENTENI

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

OTROS ACUERDOS TOMADO:

El pleno del  Congreso Estatutario de URPIA, ha recogido informe del presidente de la Organización Regional, el profesor Cleofás Quintori Soto, de que ha sido impedido de informar y convocar a las comunidades de los pueblos indígenas para el presente congreso, incurrido por la Emisora de Radio Local, denominado RADIO LIDER INTERCULTURAL, bajo la conducción del señor; Ildo Israel de la Cruz, en su condición de comunicador social, además de cumplir el rol de  DISTORSION Y MALA INFORMACION SOBRE LA CONVOCATORIA DE URPIA, generando confusión y, división entre las comunidades y  población en general atalaina. Frente a ellos, los participantes del magno congreso han resuelto el acuerdo:

Ø  Respaldar de manera pleno el informe presentado por el presidente de URPIA, según el documento de fecha 20 de setiembre del 2011 y, rechazar rotundamente la mala practica y la mala actitud mostrado por el comunicador social el señor Ildo Israel de la Cruz, por ser un acto violatorio del DERECHO FUNDAMENTAL cometido contra la Organización Regional URPIA y pedir a los organismos del Estado Intervenir para que se agüe respetar el DERECHO A LA INFORMACION, LA IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, Y APLICAR LA VERDADERA INTERCULTURALIDAD CON INCLUSION, SIN DISCRIMINACION NI ESCLUSIÓN ENTRE PUEBLOS INDIGENAS.

Ø  Se le encarga a URPIA gestionar para la obtención de una radio emisoras  de alcance regional de propiedad de la organización regional de URPIA.

Siendo la hora 8.30PM del día 25 de setiembre del dos mil Once, se concluye de forma normal  el Congreso Estatutario de la Unión Regional de los Pueblos Indigenas de la Amazonia de la Provincia de Atalaya – URPIA, estando todos y todas conformes sobre el contenido y en todo sus extremo pasan a suscribir con firmas, huellas digitales y sellos de las Autoridades, jefes, delegados y lideres indígenas, en señal de aprobación por unanimidad.

Bernardo Silva Loayza, Pueblos Asháninka, La MINGA - Atalaya

Presidente de Meza de debate

Alvin Vargas Maynas, Pueblos Shipibo – ORDECONADIT – Tahuanía

Secretario de Meza de debate

Freddy Edgar  Pizarro Yauri, Organización FECONADIS – Sepahua

Disciplina  de Meza de debate

Cleofás Quintori Soto

Presidente de URPIA

La institucionalidad forestal que aspiramos

Aportes para el diseño participativo de la institucionalidad forestal en el Perú

Por Rodrigo Arce Rojas

rarcerojas@yahoo.es

Lima, setiembre del 2011

Una reflexión profunda sobre la situación actual del tema forestal en el Perú ha llevado a muchos profesionales, usuarios y otros involucrados (as) a reconocer que uno de los temas clave que tenemos que trabajar se refiere a la institucionalidad forestal. En este artículo el concepto de institucionalidad comprende instituciones, normas, acuerdos y arreglos sociales.

Si bien es cierto que los diagnósticos son importantes no nos vamos a quedar en el inventario de las quejas o de las lamentaciones. Necesitamos incorporar a la discusión un matiz mucho más proactivo concordante con las diferentes iniciativas de revitalización organizacional que vemos en diferentes puntos del país. Esta tarea requiere el concurso de todos y cada uno de los involucrados (as) en la temática forestal y no se trata de buscar quién tiene la razón sino de buscar pautas que nos ayuden a todos a una prefiguración de la institucionalidad forestal que queremos.

Si queremos pensar en cómo delinear la institucionalidad forestal lo primero que tendríamos que hacer es reconocer el entorno en el que nos desenvolvemos. Hablaré de un entorno mayor y un entorno menor.

El entorno mayor se refiere a los procesos globales y megatendencias. Es indudable que la tierra está mandando mensajes claros sobre el comportamiento humano. La evaluación de ecosistemas del milenio tiene una conclusión contundente: tenemos que empezar a preocuparnos seriamente sobre la calidad del ambiente si no que queremos poner en riesgo la viabilidad misma de la vida en la tierra. De otro lado, vemos que la madera es uno de los pocos productos con crecimiento sostenido lo que no quiere decir que la provisión sea sostenible. Cada vez también los productos forestales considerados no maderables van dando evidencias de importante participación en los mercados. Ni que hablar de los servicios ambientales que han adquirido ciudadanía en el espectro de posibilidades de articulación al mercado.

Encontramos además que las instituciones se hacen cada vez más horizontales y democráticas, se gestiona el talento humano, se gestiona la información, las ideas y los procesos de aprendizaje. Es interesante reconocer que se rompen barreras de todo tipo para hacer que las instituciones tengan mayor capacidad de adaptación a la complejidad y el cambio, signos de nuestro tiempo. Ello como consecuencia de los propios procesos de desarrollo organizacional pero también por las exigencias de la sociedad civil que demandan que sus instituciones sean cada vez más eficaces, eficientes, transparentes y con responsabilidad social y ambiental. Estos elementos del entorno mayor son importantes a considerar si es que queremos diseñar instituciones a la altura de los tiempos.

En el entorno menor, la estructura socioeconómica, cultural y política del país. Encontramos dos grandes percepciones de la colectividad. Una primera percepción positiva habla de la belleza paisajística, de las diversas iniciativas en torno a certificación y sellos verdes, las iniciativas de diálogo social e incluso la contribución económica de lo forestal a la economía nacional. Una segunda percepción habla de la corrupción, la ingobernabilidad, las mafias, las actividades ilegales, el no-manejo forestal en nombre del manejo, entre otras perlas. Aquí no es necesario enfadarse gastando tiempo si todo lo que se dice de nosotros es cierto o no es cierto sino tomar en cuenta todos estos factores para diseñar una institucionalidad forestal tal como la soñamos.

En lo interno encontramos que la institucionalidad forestal, a despecho del incremento de organizaciones, incremento del volumen de recursos manejados o de personal involucrado no está dando siempre resultados tangibles en el manejo forestal sostenible. Al margen de los interesantes logros en certificación forestal, de los espacios de diálogo y concertación forestal, del desarrollo tecnológico en plantaciones forestales, el mayor proceso por el que ha apostado el país - las concesiones forestales – acusa una serie de problemas que ameritan una rápida reacción de todos los involucrados (as). Seguramente hay muchísimos logros más y podríamos construir entre todos el inventario feliz de nuestros logros, lo que estamos diciendo es que el balance demanda respuestas rápidas de nuestra parte.

Consecuentemente, si queremos hablar de institucionalidad forestal tendríamos que pensar en dos dimensiones: una primera dimensión que se refiere a institucionalidad como conjunto sinergético de organizaciones públicas y privadas que trabajan  por un objetivo común: la conservación y el manejo forestal sostenible y por tanto la calidad de vida de la población peruana.

La otra dimensión se refiere a la individualización de las organizaciones que conforman en conjunto la institucionalidad. Vamos hablar de cada una de ellas y luego hacer la necesaria interacción.

Entonces, si queremos una institucionalidad acorde con las exigencias de los tiempos y el manejo forestal sostenible tenemos que partir diciendo que esa institucionalidad tiene que partir de una visión común y objetivos estratégicos compartidos. Mantener un estilo de perfilismo institucional, o peor aún un ostracismo institucional no ayuda a encontrar agendas, acciones y emprendimientos conjuntos. Entonces necesitamos tender puentes que nos lleven a utilizar de manera más inteligente los siempre escasos recursos materiales y pongamos en valor el talento humano conjunto. Quiere decir entonces que necesitamos la herramienta maestra que nos permita trabajar mirando una sola dirección, administrando la diversidad. Ese papel lo puede cumplir un Sistema de Gestión Forestal o una Estrategia Nacional Forestal actualizada.

Pero no es sólo un factor de gestión. También tenemos que tener presente el desarrollo de condiciones que permitan ese trabajo conjunto. Un “pegamento afectivo” que favorezca que todos desarrollen condiciones de confianza, solidaridad, reciprocidad. Nos estamos refiriendo a la necesidad de avanzar en una propuesta de construcción de capital social en lo forestal de tal manera que sea uno de los factores clave de desarrollo de la institucionalidad.

A los objetivos comunes y las relaciones de confianza y reciprocidad hay que complementarle con el marco legal y político que favorezca un desarrollo institucional forestal. Consecuentemente la implementación de un Sistema de Gestión Forestal que articule los diferentes niveles de administración forestal (nacional, subnacional y local), la actualización de la Estrategia Nacional Forestal, la recuperación de la Mesa Nacional de Diálogo y Concertación Forestal son algunas de las condiciones necesarias. Está demostrado que la politización institucional, el verticalismo, el aislamiento o la arrogancia de sentirse autoridad, la moral de doble estándar no contribuyen a una institucionalidad sólida. Por ello es importante que la gestión  forestal recupere el más alto rango jerárquico posible en la estructura del Estado a nivel nacional. Por lo mismo a nivel regional se le debe dar el respaldo político, los medios y recursos que permitan que las Gerencias de Recursos Naturales hagan su papel para contribuir a la gobernabilidad forestal. Será importante además facilitar un proceso que favorezca un papel más proactivo de los gobiernos locales en las iniciativas de conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales.

Para todos es claro que hay que fortalecer el proceso de descentralización forestal. Para ello hay que concordar inteligentemente competencias, funciones y atribuciones para que no haya pisadas de talones. Pero tampoco es plausible que con argumentos de desconfianza en las capacidades locales se mantengan funciones de manera centralista. Por lo mismo la gobernanza a nivel regional y local debe estar a la altura de  los retos del manejo forestal sostenible para que no se construyan pequeños feudos donde reine el compadrazgo o el amiguismo. Necesitamos desterrar viejos hábitos que no han contribuido a construir una institucionalidad sólida y confiable. De ahí la importancia de la participación más amplia, la transparencia y los mecanismos de vigilancia y veeduría social para construir confianza elemento fundamental del capital social.

Necesitamos una institucionalidad coherentemente organizada para que las diferentes funciones de planificación, gestión, investigación, desarrollo, jurisdiccionales estén claramente distribuidas. Es importante que eliminemos de una vez por todo el carácter de juez y parte que se encuentra en algunas instituciones públicas.

En la segunda dimensión, la dimensión institucional, tenemos que trabajar para que haya instituciones con visiones, objetivos y estrategias claras conjugadas con el documento forestal rector. Necesitamos que exista liderazgo democrático y transformacional para que gestione de manera más eficiente su talento humano. Es importante que identifiquen bien cuál es su negocio y quiénes son sus clientes. A estas alturas está claro que la gestión forestal sostenible no es gestión de árboles sino de personas. Está claro por tanto que la razón de ser del manejo forestal sostenible se refiere a la persona humana, pero no sólo un tipo de personas, sino el colectivo nacional en sus diferentes escalas. Aquí el papel de los pueblos indígenas, con más de diez millones de hectáreas de territorios, es fundamental. Si esto es así, necesitamos instituciones con apertura, no aislacionistas; instituciones sensibles, no desconectadas de la realidad; instituciones integradoras, no perfilistas; instituciones ágiles, no anquilosadas en el pasado, con capacidad de respuesta y acción rápida; instituciones transparentes, no coludidas con los grupos de poder político y económico; instituciones que aprenden, no instituciones que se aferran ciegamente a sus procedimientos y marcos legales; instituciones que se recrean y se reinventan permanentemente, no estáticas; instituciones que consideran a sus empleados y usuarios como socios, no como beneficiarios.

A nivel institucional hay que impulsar procesos profundos de desarrollo organizacional y gestión del cambio. Hay que prepararse para la complejidad y la incertidumbre. Hay que invertir para que los talentos humanos desplieguen al máximo sus capacidades pero sobre todo hay que renovar compromisos con los usuarios teniendo presente que ellos son la razón de ser de nuestras funciones y actividades. En todo este buen ordenamiento es el bosque el que sale ganando. Las Leyes poco pueden hacer si es que no hay un marco institucional y político decidido a trabajar inteligentemente la implementación del manejo forestal. Se requiere mucha apertura, flexibilidad para reaccionar rápidamente  frente a las limitaciones y obstáculos que la realidad nos va evidenciando. Por ello es importante fortalecer redes de aprendizaje, conocimiento y acción, no sólo al interior de las instituciones sino entre todos los involucrados.

Aunque todos somos conscientes de la necesidad de enriquecer permanentemente el marco legal en el marco de un enfoque de mejora continua ello no debe implicar retrocesos con relación a los importantes avances alcanzados. La reciente incorporación del proceso de consulta previa a los pueblos indígenas en el sector forestal es una señal positiva de respeto e inclusión social.

Ya no es posible quedarse en la reduccionista posición de velar sólo por el lucro sino que existe la necesidad de desarrollar negocios sociales y ambientalmente responsables. Tampoco la sociedad civil está dispuesta a tolerarlo. Necesitamos por tanto avanzar de posiciones confrontacionales a posiciones que favorezcan la cohesión social. Felizmente hay algunas luces en el camino que nos hacen ser optimistas. Sin embargo, no hay que bajar la guardia porque en el país todavía existe una agenda pendiente de redistribución del poder. De ahí que la democracia participativa sea un excelente complemento en la agenda forestal nacional.

El reto es que desde los espacios de diálogo y concertación forestal, los capítulos de Ingenieros Forestales, las organizaciones forestales varias, discutamos y hagamos propuestas de la institucionalidad forestal que soñamos. Hay que empezar con sueños para avanzar pero luego tener la voluntad decidida de hacer esos sueños realidad.

 

Comunidades de la costa de Piura se movilizan en defensa de tierra comunal el 10 de octubre

 
Foto. archivo Conacami

Servindi, 10 de setiembre, 2011.- El  lunes 10 de octubre las comunidades campesinas de costa de la región Piura realizarán una gran marcha pacífica  en defensa de las tierras comunales y en rechazo a la Ordenanza Regional 214-2011 que pretende afectarlas.

La acción se realizará por acuerdo del Encuentro de Líderes y dirigentes de comunidades campesinas de Piura del 24 de setiembre y reafirmados en los encuentros descentralizados efectuados en la zonas alta, media y de litoral del 27 y 28 del mismo mes. La movilización tiene como punto de concentración la Plaza Ignacio Merino, desde las 9:30 de la mañana.

La Central de Comunidades Campesinas del Bosque Seco de Piura (Cecobosque) denunció que la citada ordenanza atenta contra el derecho constitucional a la consulta previa de las comunidades campesinas, respaldado por el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Mediante un comunicado Cecobosque sostiene que la lucha democrática y pacífica que emprenden involucra en el mediano plazo a más de cien comunidades de sierra “que más adelante probablemente serán también víctimas de una ordenanza similar”.

El abogado Quique Rodríguez sostiene que la ordenanza en cuestión facilitaría la adjudicación de las tierras comunales a favor de comuneros y terceros, además de declarar en abandono legal tierras comunales, cuando terceros poseedores los tengan dedicados a la actividad agropecuaria.

Mediante los incisos f y g se modifican los reglamentos de Organización y Funciones del Gobierno Regional y de la Dirección de Agricultura, y “se atribuye funciones a la entidad regional para legalizar la posesión irregular e ilegítima que pueden tener terceros dentro de los terrenos comunales”.

“Pretenden entregar terrenos que consideran en abandono, pero la figura de abandono no opera para tierras comunales, eso opera para terrenos privados”, afirmó Rodríguez.

Las autoridades regionales pretenden legalizar la prescripción adquisitiva de dominio, “es decir un tercero entró a una tierra comunal y está en posesión determinado número de años, entonces el Gobierno Regional va a darle título de propiedad”, explicó.

Julio Castro Castro, coordinador regional de Piura del partido Tierra y Libertad sostuvo que con la nueva ordenanza “se pretende legalizar a aquellos que adquirieron terrenos comunales de manera ilegal a través de malos dirigentes”.

“Nos preocupa porque se formaliza a aquellos posesionarios que en contubernio con malos dirigentes comunales han venido usufructuando ilegalmente y beneficiándose con terrenos comunales”, señaló.

Agregó que en el inciso g, que habla de las tierras de las comunidades campesinas de la Costa, abarca aquellas que se encuentran hasta los 2 mil msnm.

“Son vastos territorios, con los cuales es muy probable que haya testaferros. No quiero creer que Javier Atkins haya dado esta medida para beneficiar a particulares, cuando en campaña ofreció gobernar para todos los piuranos”, subrayó.

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Con información de El Tiempo.

REALIZAN LANZAMIENTO DE PROPUESTA DE ORDENANZA REGIONAL PARA LEY DE CONSULTA PREVIA

Nota de Prensa Nº 182-GRSM/RRPPII.

REALIZAN LANZAMIENTO DE PROPUESTA DE ORDENANZA REGIONAL PARA LEY DE CONSULTA PREVIA

Con la presencia de representantes de las comunidades nativas, sectores públicos y privados que conforman la Mesa de Diálogo de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín, el presidente regional César Villanueva Arévalo realizó el lanzamiento de la propuesta de Ordenanza Regional de Reglamentación de la Ley de Consulta Previa en los Pueblos Indígenas de la Región San Martín.

Junto a la propuesta de Ordenanza Regional que hace llegar la Mesa de Diálogo de los Pueblos Indígenas de San Martín, se adjunta el Reglamento del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios de San Martín; el reglamento considera los objetivos, principios y alcances básicos del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, conforme a lo dispuesto en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT, así como de la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El presidente César Villanueva al realizar el lanzamiento de la propuesta, revaloró la capacidad de dialogo de nuestros hermanos indígenas que está permitiendo junto a la Mesa de Diálogo la presentación de esta propuesta, “este es un trabajo de hace buen tiempo atrás que ha permitido llegar a acuerdos consensuados, mientras que en otros lugares como Bagua por soberbia política de nuestros gobernantes se ha derramado sangre inocente de nativos y policías, pudiendo evitarlo siguiendo el ejemplo de San Martín, que finalmente logró la derogatoria de la mayoría de los Decretos Legislativos lesivos a los nativos y a nuestra Amazonía; lo que se ha logrado es el derecho a la dignidad de nuestros pueblos”, acotó.

Por su parte el Presidente de la Mesa de Dialogo de los Pueblos Indígenas de San Martín, Prof. Lincoln Rojas Salazar, dijo que se espera en un lapso de 30 días recoger todos los aportes y sugerencias necesarias para enriquecer la propuesta, la misma que deberá ser aprobada por el Consejo Regional y la respectiva promulgación por el ejecutivo del Gobierno Regional San Martín.

Moyobamba, 05 de Octubre del 2011                          

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ONPE autoriza compra de Kit electoral para Ordenanza de Consulta

El pasado 24 de agosto del 2011, el dirigente indígena Luis Huachapa Chias presentó ante las Oficinas de la ONPE, por encargo de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú ORPIAN - P, una solicitud de adquisición de formatos para la recolección de firmas de adherentes con el fin de impulsar la iniciativa  de la ordenanza regional que regule el Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas a la Consulta Previa Libre e Informada en la Región Amazonas.

En ese sentido, la Oficina General de Asesoría Jurídica, con el Informe N° 087-2011 BAAP-OGAJ/ONPE de fecha 7 de setiembre del 2011, manifiesta que "no existen impedimentos legales" para el impulso de una iniciativa normativa respecto del derecho a la Consulta en la Región Amazonas.

Bernardino Chamik, presidente de ORPIAN -P, calificó como un avance del proceso que se pretende iniciar entre sus bases ante una posible despreocupación del Gobierno Regional de Amazonas en regular un derecho contenido en un tratado internacional.

De otro lado, este informe legal de la ONPE despeja las dudas sobre la regulación del derecho a la consulta previa, libre e informada por parte de los Gobiernos Regionales dentro de sus competencias, la misma que no se contradice ni desnaturaliza la reglamentación que se pretende realizar desde el ejecutivo, así lo manifestó Rubén Ninahuanca, abogado de CARE PERU.

VER RESOLUCION DE LA ONPE (CLIK AQUI)

DECLARACIÓN DEL MISTI

PROPUESTAS AL PAÍS DE LAS COMUNIDADES DEL PERÚ AFECTADAS POR LA MINERÍA

El Foro Nacional de los Pueblos alternativo a la 30° Convención Minera celebrado del 13 al 16 de setiembre en Arequipa, luego de haber recibido los informes de los pueblos y comunidades de diversas regiones del país sobre los terribles impactos de la actividad minera sobre la vida, la salud, el ambiente, los recursos naturales y la organización autónoma de las comunidades; y en concordancia con los informes de las mesas de trabajo que formaron parte de este evento declara lo siguiente:

Considerando que la actividad minera ha crecido enormemente desde inicios de la década del 90 del siglo pasado, superponiéndose al territorio de las comunidades y alterando su desenvolvimiento social, económico y cultural, menoscabando su identidad cultural y su autonomía, elevándose actualmente a más de 24 millones de hectáreas que comprende el 18.91 por ciento del territorio nacional.

Considerando que alrededor de 300 mil personas  de los pueblos y comunidades indígenas del país son víctimas de los impactos de la actividad minera que ha invadido sus territorios y trastornado sus condiciones esenciales de vida y sus actividades productivas como la agrícola, ganadera, pesquera, entre otras, que son esenciales para su subsistencia, para la alimentación local, regional y para la economía nacional.

Considerando que se ha incrementado a nivel nacional los casos de mujeres y niños contaminados con metales tóxicos muy superiores a los límites permisibles y que se ha acentuado la situación de vulnerabilidad de las mujeres en las comunidades.

Considerando que la actividad minera ha contaminado directa e indirectamente numerosas fuentes de recursos y servicios ambientales como ríos, lagunas, ojos de agua, cabeceras de cuenca, que ponen en peligro el bienestar y salud de las personas, la biodiversidad y que existen numerosos pasivos e impactos mineros de los cuales nadie se hace responsable.

Considerando que los pueblos y comunidades campesinas u originarias son poblaciones altamente vulnerables a los impactos del cambio climático por su condición de pobreza, desprotección, y debido a que sus actividades dependen de los cambios en el clima y la naturaleza a la cual están estrechamente vinculados.

Considerando que los gobiernos anteriores al presente han actuado favoreciendo la actividad minera sin que esta promoción haya desarrollado mecanismos de control efectivos y reguladores, adecuados y suficientes, para cautelar la protección del ambiente, de forma que se desarrolle en armonía con otras actividades económicas y no vulnere los derechos de los pueblos y comunidades afectadas.

Considerando que la visión de desarrollo que enfatiza el crecimiento económico como principal indicador sobre la base de proyectar una imagen de “Perú Minero” soslaya y menoscaba otras actividades esenciales y sostenibles indispensables para la alimentación, la salud y el bienestar de la población del país, que además están asociadas a la protección de nuestra diversidad cultural y biológica y a nuestras tradiciones culturales.

Considerando que la principal respuesta de las empresas y el Estado se condensa en la nefasta política del "perro del hortelano" del presidente Alan García, que ha profundizado la división entre peruanos, ha acentuado numerosos conflictos socioambientales -aún no resueltos- y ha criminalizado la protesta social, amenazando y enjuiciando a mas de mil  líderes comunales y sociales que defienden la vida y el ambiente.

Considerando que el triunfo electoral del actual presidente Ollanta Humala es el reflejo de una voluntad de cambio profundo y radical del modelo vigente, que desea un crecimiento económico pero con equidad e inclusión social, el cual cautele de manera prioritaria y fundamental los derechos humanos de los pueblos y comunidades cuyas voces han sido marginadas y excluidas del debate y de las grandes decisiones nacionales.

Considerando que es fundamental empezar por crear las condiciones para un diálogo constructivo, propositivo y con equidad, que actúe con veracidad sobre la realidad, superando los antagonismos entre  “promineros” y “antimineros”, con la finalidad de sentar las bases para un entendimiento y formular políticas públicas adecuadas para superar los conflictos y preservar el interés nacional y los derechos humanos y de los pueblos.

Proponemos al gobierno:

1. Crear una Comisión de la Verdad sobre la Minería y las industrias extractivas, que investigue el desempeño de la minería desde la década del 90, para que informe la situación real de los impactos sociales y ambientales de la minería, recomiende medidas de política pública para revertir y controlar sus efectos negativos y proponga medidas de reparación para las víctimas.

2.       Ampliar y fortalecer el marco jurídico nacional para proteger con eficacia los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, organizados en el Perú en comunidades campesinas y nativas, y que se encuentran amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales definen los niveles jurídicos mínimos para interpretar las normas nacionales y cautelar derechos esenciales como el derecho a la libre determinación, a elegir un modelo de desarrollo propio, a la autonomía y a la gestión de su territorio y recursos naturales.

3.       Abrir canales de diálogo directo entre las comunidades afectadas por la minería y el gobierno central para atender los conflictos urgentes y prioritarios que enfrentan a los pueblos y comunidades con las empresas mineras y el propio Estado.

4. Respetar el carácter obligatorio o vinculante de las consultas ciudadanas realizadas con la participación de las poblaciones indígenas y no indígenas sobre actividades mineras, como en los casos de Tambogrande, Huancabamba, Ayabaca e Islay. Asimismo, cancelar aquellas concesiones mineras otorgadas que sean denunciadas por los pueblos y comunidades como lesivas y que no hayan sido consultadas ni tengan su consentimiento previo. 

5. Adoptar medidas jurídicas y administrativas eficaces para sancionar ejemplarmente a los responsables de los daños al ambiente, a la vida y la salud de los pueblos y comunidades. Sancionar de manera drástica a las empresas mineras que han contaminado con metales pesados el ambiente y los recursos naturales, prohibir la minería a tajo abierto y el uso de cianuro y otras sustancias altamente tóxicas en las actividades mineras. Crear un Registro Nacional de las Víctimas por metales tóxicos, e identificar y sancionar a los responsables de estos atropellos a la vida.

6. Derogar los decretos legislativos que criminalizan la protesta social y pretenden restringirla. Amnistiar a los dirigentes comunales y luchadores sociales procesados por defender el ambiente y la vida frente a la actividad minera y reparar a las víctimas de la represión.

7. Demandar al Gobierno del presidente Ollanta Humala retomar su propuesta de campaña electoral para aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras que sustituya al gravamen u óbolo minero a fin de asegurar un fondo para resarcir los daños al ambiente y a las víctimas.

8. Designar al Ministerio del Ambiente como ente rector para la aprobación de los estudios de impacto ambiental, con parámetros técnicos y sociales adecuados y con respeto a los derechos humanos.

9. Ordenar el territorio nacional con criterio de sostenibilidad ambiental y con la participación de los pueblos y comunidades originarias, para definir las zonas del país en las cuales se pueda o no se pueda hacer minería. 

10. Apoyar la formación de una red de comités de vigilancia ambiental, para que desde las comunidades se vigile la actividad minera y se identifique con prontitud y precisión la emanación y variación de sustancias tóxicas en el aire, ambiente y cuerpos de agua.

11. Incorporar en la agenda política nacional el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza a fin de fortalecer la conciencia ambiental y promover medidas que equilibren el uso armonioso y racional de los recursos naturales para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.

Arequipa, 16 de setiembre 2011

San Martín convoca a proceso de Consulta Ordenanza Regional

EN SESIÓN DE MESA DE PUEBLOS INDÍGENAS DE SAN MARTÍN ACUERDA LANZAR MAÑANA PROCESO DE CONSULTA EN LA REGIÓN

(Moyobamba, 04 de octubre). Esta mañana, en la sesión de la Mesa de Diálogo de Pueblos Indígenas de San Martín, se acordó lanzar mañana en acto público presidido por el presidente de la Región, César Villanueva Arévalo, el proceso de consulta en el departamento de San Martín.

La decisión fue aprobada por las entidades asistentes a la reunión, entre los que se cuenta a la Gerenta de Desarrollo Social, Consejera Regional de Lamas, Presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, Paz y Esperanza, CAAAP y las federaciones indígenas CODEPISAM, FEPIKRESAM, FEKHID, FERIAAM, entre otras.

De otro lado, la Dra. Aurora Torrejon – responsable de la Gerencia de Desarrollo Social informó que la propuesta ha sido remitida al Vice ministro de Cultura e INDEPA para que ambas entidades la revisen y enriquezcan. A su vez, informó que una vez lanzado el proceso de consulta el Gobierno Regional tiene un plazo de treinta días para emitir sus observaciones.

Asimismo, uno de los representantes de las federaciones dijo que han sido citados por la presidenta del Consejo Regional, Sra. Flor de Belén Angulo para este viernes 07 de octubre sustenten ante este grupo, la implementación del derecho a la consulta a nivel nacional y regional.

Reiteramos la invitación al público y medios de información para que asistan a este evento, mañana 06 de octubre a las 10 de la mañana en el Auditorio del Gobierno Regional de San Martín, en la ciudad de Moyobamba.

Con el ruego de su difusión.

Área de Comunicaciones

Paz y Esperanza – Oficina Regional de San Martín.

Teléfonos: *0268920 – 042-562118