miércoles, 14 de septiembre de 2011

¿Amnistía o indulto? ¿Qué delito cometieron los indígenas?


Por: Carlos Navas del Aguila
Por medio del presente, con el respeto que merece su cargo de primera autoridad regional, reciba el saludo cordial, primero para felicitarle por la iniciativa legislativa de proponer una Ley de amnistía para los implicados en los trágicos sucesos del 05 de junio del año 2 009, en  nuestra región, concretamente en las provincias de Utcubamba y Bagua, donde perdieron la vida 34 peruanos, incluido un desaparecido; 200 heridos, de los cuales 82 con armas de fuego; 69 procesados judicialmente, 18 detenidos con privación de la libertad, 13 con orden de captura; actualmente contamos con tres hermanos indígenas en la cárcel uno en el penal de San Humberto Asterio Pujupat Wachapea, y dos en el penal de Huancas: Dany López Shawit y Feliciano Cahuasa Rolin; siete con orden de captura: Joel Shimbucat Atsasua, Rodolfo Atamain, Alberto Tiwi Pape, Pedro Tiwi, Merino Trigozo Pinedo, Simon Weepio y su esposa.
Mi pregunta es Señor Presidente Regional: ¿si estos ciudadanos hermanos nuestros cometieron, delito alguno para estar en la cárcel o con orden de captura? Y  ¿si hay policías o políticos involucrados en procesos de investigación?, por supuesto que la respuesta está en la opinión publica de buena fe, no han cometido delito alguno, o el hecho valiente y digno de defender su tierra, sus derechos individuales y colectivos, por defenderse de un Gobierno  Nefasto y sordo al clamor del pueblo amazónico, de que se respete el convenio 169, el Derecho a ser consultado. Mi pueblo señor Arista se puso de pie, con dignidad, exigiendo respeto, respeto no solo para los indígenas sino para toda la amazonia, para toda nuestra región y el país, acción que fue respaldada por todos los ciudadanos de nuestra región. Quiero hacerle llegar mi disconformidad, porque creo nuevamente su persona ha sido sorprendido por sus asesores.
“Según el diccionario de la Lengua española, La Amnistía (del griego amnestia, olvido) es una causa de extinción de la responsabilidad penal. Es un acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, por el que una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva”
A diferencia del indulto, que extingue la responsabilidad penal actuando sobre la pena derivada de un delito (la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena), la amnistía actúa sobre el delito mismo. Por ello, la amnistía suele tener efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por el mismo motivo, es general, dado que actúa sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre individuos concretos.
La amnistía suele suponer un nuevo juicio de valor sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de cambios sociales o de regímenes políticos y, en ocasiones, se asocia al perdón de presos políticos. Sin embargo, su empleo puede ser objeto de polémica, pues puede provocar la impunidad de quienes cometieron graves hechos durante un régimen anterior.
Teniendo en cuenta Señor Presidente, ni la amnistía ni el indulto, se puede aplicar a los hermanos indígenas y mestizos por lo que ellos no cometieron delito alguno, o es delito señor presidente, el defender su tierra, el defender los derechos individuales y colectivos, con dignidad y coraje, ante el sordo Gobierno de la Corrupción y el entreguismo, enemigo de los pueblos indígenas, llamándonos Perros del Hortelano, ciudadanos de Segunda categoría.
La Derogatoria de los Decretos Legislativos inconsultos, contra el Convenio 169; Hoy la Promulgación de la ley de Consulta nos da la Razón.
¿Porque la Amnistía Señor presidente?, o ¿será que quiere salvar de responsabilidades ante el nuevo contexto político a los verdaderos responsables?: Alan García Pérez, Mercedes Cabanillas, Yeude Simon, Antero Flores Araoz, Mercedes Araoz, Javier Velásquez Quesquén, los que verdaderamente ordenaron el fatal desalojo de la Curva del Diablo, operativo mal planificado, con un sistema de inteligencia infantil. Que según sabemos que muchos son sus amigos.
Ud. Sabe señor presidente, que las esposas de Dany López y Feliciano Cahuasa, han vendido sus pocas pertenencias como Motosierras, pequepeque, calaminas, escopetas, bienes que les costó años para conseguir, al salir ellos encontraran a sus familias desprotegidas en el completo abandono, ¿quién les devolverá eso? y los años perdidos, sin familia, sin ver a sus hijos, sin el bosque que es todo para el indígena.
Si se da la famosa Amnistía, no se considerará reparaciones, para los familiares de los muertos y heridos.
Le invito Señor presidente visitar a los hermanos nuestros que están en la cárcel de Huancas, darle el aliento, la fuerza, para que ellos puedan seguir resistiendo, la injusticia que padecen.
Presione, coordine, dialogue, pida para que los que están  en la cárcel salgan rápido, y puedan retomar su vida en libertad, Ud. puede si lo desea, hágalo por amor cristiano, por solidaridad.
Pida Señor presidente que continúen las investigación, que se llegue a la verdad, sin verdad no hay reconciliación ni perdón, la verdad es la base para la justicia y la justicia es la base para la construcción de una nueva sociedad amazonense, más justa, más democrática y más solidaria, que viva con dignidad el presente y construya el futuro, mas próspero donde todos podamos ser partícipes del desarrollo y bienestar, que los amazonenses nos merecemos.

ORPIAN - P presenta propuesta de Ordenanza de Consulta al Concejo Regional de Amazonas



El día 13 de setiembre del 2011, se reunieron en la Sala del Concejo Regional de Amazonas; Bernardino Chamik Pizango, Presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), Maria Elena Vílchez Angeldones, Presidenta de la comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización y la Concejera miembro, Nélida Calvo Nantip; con la finalidad de que el Presidente de ORPIAN – P presente formalmente la propuesta elaborada por FECAS, ODEPA, CAH, FISH, FEMAAM, OPIWAK, ODECAM y Líderes indígenas el día 08 de agosto en la ciudad de Bagua.

La presidenta de la Comisión manifestó su predisposición de dar el trámite que corresponde a la propuesta de los pueblos indígenas, y en caso que la responsabilidad recaiga sobre su Comisión; coordinará con todas los sectores, organizaciones indígenas representativas, sociedad civil, entre otros aliados que se sumen al proceso; con la finalidad de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas conforme al Convenio 169 OIT y la Ley 29785, Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 OIT.

Por su parte, Chamik manifestó que; “Nos mantendremos vigilantes a la Sesión de Concejo Regional a realizarse el 28 de setiembre próximo, con la finalidad de identificar la comisión a la cual se le designe la propuesta de las bases de ORPIAN – P de la Región Amazonas, la misma que deberá ser consultada oportunamente” –  “por ningún motivo vamos a permitir que nuestras propuestas sean descalificadas, por ello en el proceso de consulta, dialogaremos con el Gobierno Regional para que incorporar modificaciones, de ser el caso”- agregó.

VER LA PROPUESTA DE LAS BASES DE ORPIAN P

Viceministro del Ambiente: nueva Ley Forestal puede provocar un nuevo ‘baguazo’

Viceministro del Ambiente: nueva Ley Forestal puede provocar un nuevo ‘baguazo’



El viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Hugo Cabieses, señaló que la nueva Ley forestal y de Fauna Silvestre, promulgada por el gobierno de Alan García, puede ocasionar nuevos conflictos sociales. Según Cabieses, dicha Ley no siguió un adecuado proceso de consulta, por lo que debe ser ‘reconsultada’.
“Para nosotros, la aprobación de la nueva Ley Forestal ha sido una falta de respeto al nuevo gobierno. Es una sopa con todos los ingredientes para provocar un nuevo ‘baguazo’. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar eso. No queremos un muerto más, un herido, un preso más. Creemos que esta nueva Ley Forestal debe ser reconsultada”, manifestó Cabieses.
Estas declaraciones fueron realizadas el pasado 31 de octubre durante la presentación del Informe Global de la Corrupción y Cambio Climático, publicado por Transparencia Internacional. El evento fue organizado por Proética.
CORRUPCIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO
La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet, sostuvo que cada vez son mayores los fondos de la cooperación destinados al cambio climático en países como Perú, pero existe el temor de que dichos recursos no sean bien utilizados por causa de la corrupción.
Según Blondet, en el caso de Perú, el mayor problema es que “la institucionalidad ambiental está todavía inconclusa, es insuficiente”, lo que podría generar algún tema de corrupción.
Destacó, por ello, la importancia de que el Ministerio del Ambiente haya asumido el liderazgo, a fin de asegurar que la cooperación que llega al país para el cambio climático cumpla con los objetivos trazados.
Asimismo, pidió reforzar las competencias de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) con la finalidad de impulsar la lucha contra este flagelo.
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción es un espacio de coordinación entre los poderes del Estado, organismos autónomos, gobiernos locales y regionales, y organizaciones de la sociedad civil, para unir esfuerzos y proponer políticas a mediano y largo plazo, a fin de prevenir y combatir la corrupción.
Actualmente es presidida por Gonzalo García Núñez, titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Ver Informe Global de la Corrupción y Cambio Climático

Piden Derogar Decretos que combaten mineria informal

Alertan por propuesta de congresistas oficialistas que pretenden derogar decretos de urgencia que combaten la minería ilegal en Madre de Dios y Puno



A través de una carta dirigida al Presidente de la República, Ollanta Humala, y diversas autoridades nacionales, un grupo de organizaciones civiles mostró su preocupación por la presentación de dos proyectos de ley que pretenden derogar decretos que tienen como fin revertir y ordenar la minería informal en las regiones de Madre de Dios y Puno.
Los decretos de urgencia que pretenden derogarse con: el DU 012-2010, que declara de Interés Nacional el ordenamiento minero en Madre de Dios; y el DU 028-2011 que dispone la recuperación de las cuencas de los ríos Ramis y Suches, y que prohíben el uso de maquinarias para la actividad minera informal en una serie de zonas de Puno. En este último caso, la meta es también dejar si efecto el decreto supremo 035-2011-EM.
Las iniciativas legislativas fueron presentadas por el congresista Amado Romero Rodríguez, representante de Madre de Dios, conjuntamente con los congresistas Rubén Coa Aguilar, Leonidas Huayama, Manuel Zerillo, Cesar Irupailla, Jhonny Cárdenas y Freddy Otarola Peñaranda, todos ellos del Grupo Parlamentario Gana Perú.
Para los firmantes de la carta dirigida al presidente Humala, la derogación de estos decretos podría significa una señal de retroceso en lo que se ha avanzado en las regiones de Madre de Dios y Puno, en cuanto a descontaminación y el ordenamiento territorial.
Por lo demás, se afirma en la carta, el dar luz verde al proyecto de los congresistas oficialistas sólobeneficiaría a intereses de grupos particulares vinculados a la minería informal, en desmedro de intereses colectivos y sociales de las poblaciones afectadas por la ilícita actividad.
Finalmente, en carta se pide al presidente Humala se pronuncie en torno dichas propuestas, y planteemedidas concretas e inmediatas que pongan freno a la extracción ilícita de oro en nuestra Amazonía.

lunes, 12 de septiembre de 2011

CIDH SALUDA PROMULGACIÓN DE LEY DE CONSULTA PREVIA EN PERÚ

CIDH SALUDA PROMULGACIÓN DE LEY DE CONSULTA PREVIA EN PERÚ

Washington, 12 de septiembre de 2011 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la promulgación en Perú de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, la cual incorpora a la legislación nacional un derecho ya reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos y, en este sentido, constituye un avance significativo en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país.

Según información de público conocimiento, el Presidente de Perú promulgó el 6 de septiembre de 2011 una ley, aprobada por el Congreso de la República el 23 de agosto anterior, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente con respecto a medidas legislativas o administrativas y a planes, programas y proyectos de desarrollo que puedan afectar sus derechos. La ley establece, entre otros aspectos significativos, que la finalidad de realizar esta consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos; que el contenido de la ley se debe interpretar de conformidad con las obligaciones consagradas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú; y que los principios rectores del derecho a la consulta incluyen los de oportunidad, interculturalidad, buena fe, flexibilidad, plazo razonable, ausencia de coacción o condicionamiento, e información oportuna. Asimismo, la CIDH considera importante que se le de una amplia difusión a esta ley y que en el proceso de reglamentación y aplicación de la misma se continúe profundizando en la implementación de los estándares jurídicos fijados por el sistema interamericano de derechos humanos sobre los derechos a la consulta y al consentimiento previos, libres e informados.

Como lo ha explicado la CIDH en su Informe sobre Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, el derecho a la consulta se vincula con múltiples derechos humanos individuales y colectivos. Además de manifestar el derecho a la participación, el derecho a ser consultado es fundamental para el goce efectivo del derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que han usado y ocupado tradicionalmente, y también se relaciona directamente con el derecho a la identidad cultural, en la medida en que la cultura de estos pueblos puede resultar afectada por las decisiones estatales que les conciernen. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. 

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Mesa de Diálogo de Pueblos Indígenas de San Martín presentará propuesta de Ordenanza


El día martes 06 de setiembre del 2011 en el auditorio  del  Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín en la ciudad de Moyobamba, representantes del consejo regional, los representantes de la mesa de diálogo presidido por el presidente de la mesa Profesor Lincoln Rojas, secretario por parte de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, autoridades y funcionariosdel gobierno regional, (ARA, DRA , DREyM, Asesoría Legal y ORDEPISAM), presidente del Corte superior de Justicia, el Dr. Cesar Chacón Álvarez y de la Escuela de Justicia  Intercultural de la CSJSM y los representantes de las federaciones indígenas de las región San Martín CODEPISAM, CEPKA, FEPIKRESAM, FERISHAM, FERIAAM, ORDISAM, FEKIHD y representantes de de la Central Única de las rondas campesinas de la región San Martín – CUNARP, representantes de la organizaciones sociales AMPA, CAAAP, IDL, ITDG  - SOLUCIONES  PRACTICAS, Paz y Esperanza y CARE – PERÚ.
En la reunión se presentó la propuesta de consolidación de la norma de derecho a la consulta explicación a cargo del abog. Carlos Ching de Paz y Esperanza, señalándose que se  han subsanado  las observaciones planteadas en la reunión a anterior y estableció su concordancia con la norma nacional  aprobada  por  el Congreso de la República del  año 2011.
Estableciendo  los siguientes acuerdos:

1.     Los representantes de las federaciones indígenas presentes (CODEPISAM, CEPKA, FEPIKRESAM, FERISHAM, FERIAAM, ORDISAM, FEKIHD y representantes de de la Central Única de las rondas campesinas de la región San Martín – CUNARP), aprobaron por unanimidad la propuesta  de derecho a la consulta  a nivel regional.

2.     Se entregarían en acto público la entrega de la propuesta de los pueblos indígenas al Presidente del Gobierno Regional y del presidente del consejo regional el  día viernes 16 de  setiembre en la ciudad de Saposoa  a las 9 a.m.  en sesión  ordinaria de consejo  regional. Además se entregará una propuesta metodológica y plan de proceso de consulta estará a cargo del gobierno regional a través de la ORDEPISAM con apoyo de las ONGS y representantes de las organizaciones indígenas.
3.     A partir de la recepción de la propuesta de consulta de los pueblos indígenas el Gobierno Regional requiere de un plazo mínimo de 10 días para establecer un proceso revisión y discusión a nivel de la comisión de pueblos indígenas, asesoría legal, procuraduría y otras gerencias competentes.
4.     El día lunes 26 de setiembre en acto público el Presidente del Gobierno Regional de San Martín realizará la convocatoria del proceso de derecho  a la consulta.
5.     Se remita formalmente la propuesta a todas las federaciones indígenas y de las rondas campesinas y GORESAM.

El proceso  tendrá  las siguientes etapas:
                                i.            Acto publico  de entrega  al nivel  regional
                              ii.            Un proceso interno a nivel regional para análisis y discusión la consulta antes de aprobación  por el consejo regional.
                            iii.            Proceso  de derecho a la consulta.
                           iv.            Aprobación  de  la ordenanza  regional  por el consejo regional

CARE saluda la aprobación de la Ley de Consulta Previa



CARE saluda la aprobación de la Ley de Consulta Previa
a los Pueblos Indígenas u originarios


CARE Perú saluda la aprobación de la Ley de Consulta Previa por considerarlo el inicio de un proceso de relacionamiento respetuoso entre los Pueblos Indígenas y el Estado. Con esta histórica medida se reconoce al diálogo como una genuina herramienta para la profundización de la gobernabilidad democrática intercultural. Diálogo entendido en su real dimensión, implica  capacidad de encuentro, expresión y escucha de razones; asi como la capacidad para remover actitudes y discursos. Diálogo guiado por los principios del Desarrollo Sostenible o Buen Vivir. 

La Consulta Previa no sólo significa gestionar los legítimos intereses de los actores involucrados, sino poner en discusión cuál es el rol de los actores en la práctica de relaciones equitativas y respetuosas, así como en la definición de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Es pues, un reto complejo pero no por ello menos inspirador y esperanzador.

La efectiva implementación de la Ley de Consulta Previa nos convoca a todas y todos. Será necesario avanzar hacia una verdadera cultura del diálogo reconociendo el carácter pluricultural del país. Requiere que los principios relativos a la interculturalidad, el diálogo y la buena fe, se apliquen a todas las partes involucradas. Para avanzar positivamente en esta dirección, los actores involucrados deberán poner lo mejor de cada uno para establecer  los puntos de equilibrio entre los intereses de la nación y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entre la eficacia, los tiempos, los costos o inversión y los derechos humanos del conjunto de los actores sociales. La consulta es para institucionalizar los espacios democráticos de gestión y transformación de conflictos antes que un elemento para exacerbar la conflictividad.

Corresponde ahora aclarar la situación jurídica del Organismo Técnico Especializado encargado de la conducción de los procesos de consulta, así como también dotarle de los recursos económicos y  humanos para que pueda cumplir sus funciones y competencias con efectividad y transparencia. Esta también es una oportunidad para que los profesionales indígenas puedan contribuir desde el Estado a la reconciliación nacional.

A las organizaciones indígenas les corresponde revisar sus conceptos y prácticas de democracia representativa y participativa para que pueda fluir la comunicación y coordinación que permita la participación efectiva en estos procesos de diálogo intercultural.

Es necesario que se defina con celeridad los mecanismos que garanticen  la implementación efectiva de los procesos de consulta.  Que esta definición sea producto del diálogo y consenso con los pueblos indígenas para fortalecer la legitimación social de estos procesos y una participación activa y comprometida de todos los actores involucrados.

Se requiere voluntad política y buena fe de las partes para avanzar proactivamente en el proceso. Se necesita además, concebir el proceso con un enfoque pedagógico y de enriquecimiento continuo así como un reto de gestión del conocimiento.

CARE está comprometido en apoyar este proceso para contribuir a fortalecer la democracia a partir del ejercicio pleno de los derechos indígenas.


Lima, 6 de setiembre del 2011

Milo Stanojevich
Director Nacional de CARE Perú