FEKIHD rechaza audiencia de PETROPERU

FEDERACION KICHWA HUALLAGA DORADO – FEKIHD

A LA OPINIÓN PÚBLICA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL (RIMANAKUNA):

La Federación Kichwa Huallaga Dorado (FEKIHD), organización representativa de las comunidades nativas y pueblos originarios en la provincia de El Dorado, Región San Martín, ante la pretendida “reunión sobre proceso de selección 2011 y consulta previa”, convocada en forma casi subrepticia por PERUPETRO S.A. para el 11/05/11; hace de conocimiento público lo siguiente:

1.         Que la FEKIHD expresa su desacuerdo con la implementación de cualquier proceso de pre-configuración de lotes de hidrocarburos y selección de empresas sin contar con un marco legal para la consulta previa libre e informada.

2.         Que bajo el vacío legal existente y los antecedentes nefastos de los procesos asociados a la política y actividades de hidrocarburos en el país, es totalmente irresponsable implementar acciones desesperadas de validación, que contravienen los derechos de los pueblos indígenas y en ecosistemas tan frágiles como la amazonia alta en San Martín.

3.         Que los pueblos kichwa de El Dorado expresan su deseo de desarrollarse en forma sostenible, con actividades productivas compatibles con el medio ambiente, la zonificación ecológica económica, la cultura, y con respeto a la auto-determinación y el derecho pleno sobre los territorios indígenas que controlan.

4.         Hacemos un llamado a las autoridades y a la sociedad en general, a denunciar las pretensiones de PERUPETRO S.A. ¡No a la lotización de nuestros territorios ancestrales!

San José de Sisa, 10 de Mayo del 2011

(“Tantanakunapa pakarina watan”).

Consejo Directivo FEKIHD

Secretario de la OEA contra derechos de los pueblos indígenas

Rechazo a desafortunadas declaraciones de Insulza contra derechos humanos de los pueblos indígenas

• Publicado por Amnistia Internacional

 

Amnistía Internacional expresa su más profunda preocupación por declaraciones del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, en una entrevista realizada por la BBC en Brasil, que sugieren que los derechos humanos de los pueblos indígenas no deben ser tratados con la misma importancia o seriedad que la tortura, las desapariciones forzadas u otras violaciones derechos humanos ocurridas en el pasado y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería “asesorar” a los Estados en estos temas en lugar de tratarlos como potenciales violaciones de derechos humanos.

Asimismo preocupa a Amnistía Internacional que dichas declaraciones parecen sugerir a la CIDH que revise las medidas adoptadas en el caso Belo Monte contra Brasil, lo cual constituiría una preocupante interferencia de un órgano político de la OEA en la autonomía e independencia del sistema interamericano de derechos humanos. Estas desafortunadas declaraciones se dan en el contexto en que varios Estados, especialmente Brasil, han tomado medidas que podrían interpretarse como represalias contra decisiones de la CIDH que ellos consideran contrarias a sus intereses.

Las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas protegen derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales de manera indivisible. Junto con la prohibición de la tortura, por ejemplo, las normas de derechos humanos protegen también a personas y comunidades frente a nuevos desafíos que se presentan en la región, en particular los impactos causados por los planes de desarrollo económico.

Los megaproyectos de desarrollo como la Represa Belo Monte en Brasil o la Mina Marlin en Guatemala pueden afectar profundamente los derechos humanos de personas y comunidades. Ese impacto puede ser positivo - por ejemplo, la creación de puestos de trabajo y los mayores ingresos fiscales pueden contribuir al desarrollo social. Sin embargo, los megaproyectos también pueden dar lugar a violaciones de derechos humanos incluidos daños al medio ambiente, lo que en general afecta desproporcionadamente a los más pobres y marginados. En numerosos países de la región los pueblos indígenas se han visto obligados a abandonar sus tierras, han perdido sus medios de subsistencia y han caído en la pobreza como consecuencia directa de proyectos relacionados al petróleo, gas y minería. A este riesgo se agrega la creciente influencia que tienen las empresas interesadas en llevar a cabo esos proyectos en la toma de decisiones de los Estados.

Por esta razón, el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado una serie de estándares y mecanismos para proteger los derechos humanos de las comunidades locales y en especial de los pueblos indígenas. En 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que cuenta hoy con el apoyo de todos los Estados Miembros. Este instrumento complementa el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, ha puesto especial atención a este tema, documentado violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas y ha recomendado a los Estados medidas para evitarlas en el futuro. Entre esas medidas se cuenta la obligación de los Estados de consultar de buena fe con los pueblos indígenas con anterioridad a la aprobación de un proyecto, con el fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado, cuando el proyecto tenga la potencialidad de afectar sustancialmente los derechos de estos pueblos. Este mismo estándar ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Saramaka vs. Surinam. La Corte ha establecido que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que podrían afectar la integridad de las tierras y los recursos naturales del pueblo indígena en cuestión, el Estado tiene no sólo el deber de consultar con el pueblo indígena afectado sino también obtener su consentimiento libre, previo e informado, según sus costumbres y tradiciones.

La medida cautelar emitida por la CIDH en el caso Belo Monte está en conformidad con esta tendencia de derecho internacional y solamente recuerda a Brasil que debe detener las obras hasta tanto no realice las consultas correspondientes. Preocupa a Amnistía Internacional que Brasil haya calificado las medidas como “injustificadas y precipitadas” y que haya retirado su candidato a la CIDH para las próximas elecciones. Es igualmente preocupante que el Secretario General de la OEA no sólo no condene esta actitud de Brasil sino que además sugiera que por ser un proyecto de desarrollo de gran envergadura en un país como Brasil, la CIDH debería tomarse la situación con “más calma”, incluso si la subsistencia y otros derechos de pueblos indígenas pudieran estar en riesgo. Esto es particularmente incomprensible cuando un año atrás, en ocasión de la inauguración del 138° período de sesiones de la CIDH y en clara alusión a los ataques dirigidos por otro país a la legitimidad y autoridad de la CIDH, el mismo Secretario General de la OEA subrayara la necesidad de "acatar" las decisiones de la CIDH para fortalecer esta institución de derechos humanos y sostuviera que para ello es necesario también un "diálogo permanente" con el organismo.

El escrutinio internacional de la situación doméstica de derechos humanos nunca es agradable para los países involucrados. Sin embargo, los Estados crearon la Comisión Interamericana como un órgano principal y autónomo de la OEA porque entendieron la importancia de la existencia de órganos competentes e independientes para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos que voluntariamente adoptaron. De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, los miembros de la CIDH son elegidos por los propios Estados miembros de la OEA en la Asamblea General y son personas de “alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos” (artículo 34), y sirven en la Comisión “a título personal” (artículo 36.1).

La actitud del Estado de Brasil frente a la medida cautelar emitida por la CIDH en el caso Belo Monte, erosiona la fortaleza y efectividad de un sistema que históricamente ha demostrado ser un elemento catalizador para la efectiva protección de los derechos humanos en la región. El sistema de protección regional pasó de cuestionar los abusos cometidos por gobiernos dictatoriales a advertir las fallas estructurales y los abusos que ocurren en democracia. Los nuevos desafíos de derechos humanos, especialmente en contextos de proyectos de desarrollo, deben ser tomados con la misma seriedad que los demás.

El continente americano ha avanzado en materia de protección de los derechos humanos en las últimas décadas pero todavía falta mucho por hacer para proteger los derechos de los más vulnerables y marginados. La protección de los derechos humanos y la promoción del desarrollo económico no son mutuamente excluyentes y su armonización es uno de los desafíos más importantes de la región. De hecho, las normas de protección de los derechos humanos se reflejan cada vez más en las políticas y los parámetros de préstamos de las instituciones financieras internacionales.

Sería extremadamente preocupante que se estuviera considerando sacrificar los derechos humanos de los pueblos indígenas y de otros grupos vulnerables en nombre del desarrollo económico. Amnistía Internacional exhorta a todos los gobiernos de la región, y a los funcionarios nombrados por dichos gobiernos para servir en el sistema regional, a comprometerse públicamente a proteger todos los derechos humanos, especialmente en el contexto de proyectos de desarrollo, y a cumplir de buena fe con las recomendaciones y sentencias del sistema interamericano de derechos humanos.

EXTREMADAMENTE PREOCUPANTE QUE SE CONSIDERE SACRIFICAR LOS DERECHOS HUMANOS EN NOMBRE DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Índice: AMR 19/006/2011
6 de mayo de 2011

Defensoria exhorta al Congreso a emitir Ley de Consulta previa a los Pueblos Indígenas

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Hace nueve meses que el tema no es tratado por la representación parlamentaria

DEFENSORÍA DEL PUEBLO REITERA EXHORTACIÓN AL CONGRESO PARA QUE APRUEBE

LEY DE CONSULTA

Nota de Prensa N°135/DP/OCII/2011

· Legislación debe estar en concordancia con el Convenio Nº169 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT)

· Se recomienda respetar consensos alcanzados con los pueblos indígenas.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, reiteró al Presidente del Congreso de la República la exhortación efectuada para que la representación nacional apruebe la Ley del Derecho a la Consulta, en el marco de las obligaciones establecidas por el Convenio 169 de la OIT, considerando los importantes consensos alcanzados por la autógrafa aprobada el pasado 19 de mayo de 2010.

A través de un oficio enviado recientemente al titular del Congreso, César Zumaeta, la Defensoría del Pueblo advierte que han pasado nueve meses desde que los dictámenes de la ley de consulta están listos para su debate por el Pleno del Congreso. Sin embargo, hasta la fecha este debate no se ha producido, generándose una situación que no contribuye a construir una relación de confianza entre los pueblos indígenas y el Estado, después de los sucesos ocurridos en Bagua, el 5 de junio de 2009.

Por su parte, Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, señaló que “la referida ley tiene por objetivo generar condiciones que faciliten la implementación del derecho a la consulta, brindando un marco claro y ordenado para los distintos sectores involucrados”.

“La Defensoría del Pueblo viene insistiendo, desde hace varios años, en la importancia de garantizar el ejercicio del derecho a la consulta de los pueblos indígenas en concordancia con los criterios y principios establecidos por el Convenio Nº 169 de la OIT”, recalcó el funcionario.

Por su parte, Alicia Abanto, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas indicó que “las organizaciones indígenas andinas y amazónicas vienen solicitando permanentemente que el Poder Legislativo que apruebe una ley de consulta compatible y coherente -en todos sus aspectos, con lo establecido en el Convenio Nº 169 de la OIT”.

Como se recuerda, el Perú suscribió dicho Convenio hace más de 16 años, sin embargo la efectiva aplicación de este derecho en nuestro país sigue siendo una tarea pendiente, por ello la Defensoría del Pueblo presentó el 6 de julio del 2009 el Proyecto de Ley Nº 3370/2008-DP "Ley Marco del Derecho a la Consulta", terminó diciendo Alicia Abanto.

Lima, 07 de mayo de 2011

Oficina de Prensa e Imagen Institucional

311-0300 anexo 1400−1401−1403 – 1406−1407

Mineras en Amazonas reciben protección del Ejército Peruano

Se ha puesto al descubierto la existencia de un “Convenio de Colaboración Reciproca” entre  las Mineras del Sr. Carlos Ballón Barraza, la Minera Afrodita y el Ejército Peruano. El convenio fue firmado el 3 de mayo del 2010, es decir desde hace un año; en la que nuestro ejército Peruano se compromete a brindar seguridad a las empresas mineras a cambio de medicinas, energía eléctrica, transporte, entre otros.

El mencionado convenio hace referencia al visto bueno de la Secretaria General del Ministerio de Defensa con la finalidad de brindarle todas las facilidades para que realicen la actividad minera debido a la “dificultad que para el normal desarrollo de las actividades de ambos supone la zona”.

En el mencionado convenio, las empresas reconocen que “tienen previstos iniciar y/o continuar trabajos de exploración, para lo cual de ser el caso tramitará los permisos y licencias exigidos por la legislación de la materia”; es decir las mencionadas empresas no acreditaron los permisos correspondientes, sin embargo el Ejército bajo conocimiento de este impase suscribe el mencionado convenio.

En consecuencia, se espera que las autoridades correspondientes inicien un proceso de investigación, debido a que las Mineras en cuestión han iniciado trabajos de exploración sin los permisos correspondientes y a pesar de ello el Ejército Peruano ha suscrito convenios con conocimiento de las altas esferas castrenses.

Ver Convenio entre Ejercito y Mineras: click

Consulta a Ley Forestal en la fase final.

Existe gran expectativa en las comunidades nativas de la Región Amazonas por la última reunión de trabajo convocada por la Comisión Agraria del Congreso de la República, la cual está presidida por el Congresista Aníbal Huertas, respecto de la Consulta Previa Libre e informada del Dictamen del Proyecto de Ley N° 4141 Ley Forestal y Fauna Silvestre; la misma que se llevará a cabo entre los días 12 al 14 de mayo del año en curso en la ciudad de Lima.

Se sabe que la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN –P) participará de la reunión con cinco representantes, quienes serán convocados por la actual junta directiva para sustentar la posición regional respecto del dictamen en discusión.

Es necesario manifestar, que el incumplimiento de los compromisos asumidos por la Comisión Agraria del Congreso de la República, referidos a la realización de audiencias descentralizadas en la Provincia de Condorcanqui, ha generado profundo malestar y desconfianza por parte de los líderes de la Provincia, quienes nuevamente se sienten engañados y discriminados por las autoridades que tienen vinculación con el respeto de los derechos de los pueblos indígenas – lo refirió Elmer Ujukam, líder de la Provincia de Condorcanqui.

CARTA DEL PUEBLO INDÍGENA SHAWI DE SAN MARTÍN

WA’AN KAPINI NINUNTATUI YUNKIRAISU’
“ENTRE LOS JEFES NOS REUNIMOS PARA PENSAR”

Los pueblos indígenas shawis ubicados en el distrito de Pongo de Caynarachi, provincia Lamas y en el distrito de Papaplaya, Provincia y RegiónSan Martin, que conforman la Federación Regional Indígena Shawi - San Martín, FERISHAM, nos pronunciamos ante presunta vulneración del derecho al territorio ancestral y del derecho a la consulta, a la opinión pública, organizaciones sociales, Gobierno Regional, Congreso de la República y otras  autoridades estatales, para que se considere nuestras expresiones:
Como líderes shawis, tomamos conocimiento a mediados del año 2010, por parte de una asociación de productores de Nuevo Papalaya afectada por la empresa coreana ECOAMERICA, se estaba solicitando a través de una demanda judicial contra COFOPRI y Registros Públicos de Loreto, por la demora en la inscripción y titulación de 72,654 hectáreas, esto lo solicitaron al Juez de Yurimaguas, quien dicto una sentencia a su favor; posteriormente el Procurador Público del Ministerio de Vivienda y Construcción, en representación legal de Registros Públicos - SUNARP, apelo a la Sala Mixta de Tarapoto; quien emitió en segunda instancia un fallo contra la empresa ECOAMERICA y esta decidió apelar al Tribunal Constitucional de la República, encontrándose pendiente de resolver.
Nuestras comunidades nativas no tenemos títulos de propiedad, solo tenemos reconocimiento legal, estamos en posesión de nuestras territorios ancestrales. No es justo que nuestras tierras de las comunidades están valoradas en 0.80 céntimos cada hectárea, se les quiere entregar sin comprender el significado de la vida espiritual de la naturaleza, de los arboles, los animales que cuidan al pueblo indígena shawi.
Esta situación se presenta desfavorable para nuestro pueblo shawi, porque en ningún momento conocíamos que se estaban solicitando nuestras tierras ante COFOPRI-LORETO, ni judicialmente, ahora dicen que la ley favorece a la empresa para aplicación del silencio administrativo, no estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas con sus leyes, no somos parte del proceso, no existimos para el Estado, ni contamos con recursos para defendernos ante esta situación. Ninguna autoridad cumple con lo que dice el Convenio 169 de la OIT que dice que se deben respetar los territorios de los pueblos indígenas y que el Estado deben hacer lo necesario para que se respeten. Ninguna autoridad se pronuncia, ni interviene, que tenemos que hacer para seamos escuchados y tengamos justicia.
El pueblo indígena shawi esta entristecido e indignado, mañana podemos perder el territorio de nuestros ancestros, nuestra tierra madre, donde monteamos y cazamos animales, recolectamos plantas medicinales para curarnos, del bosque viviente cubrimos múltiples necesidades; nada nos da el Estado, la escuela esta abandonada, los niños están sin profesor; nos preocupa las actividades de esta empresa que ha iniciado actividades sobre los bosques por que estamos en la cabecera de las quebradas, esto sentimos nos pueden afectar, queremos dialogar pacíficamente, se nos escuche, se respete nuestro derecho al territorio, no queremos sufrir otro baguazo estamos preparados para luchar por nuestras tierras, sino tomaremos justicia de acuerdo a nuestras propias costumbres.
No entendemos porque el Estado entrega nuestras tierras a esta empresa sin consultarnos,en el silencio, no somos ciudadanos de segunda clase, somos peruanos, ciudadanos con otra costumbre, otra cultura diferente, siempre hemos pedido que nos den nuestros títulos y se limite nuestras tierras, en cambio  a esta  empresa que no reside en el país por poder económico se le atiende.
No es justo que vengan de otro país a quitarnos nuestras tierras, donde nuestros hijos y nietos indígenas van a buscar su sustento, para nosotros es como nuestro mercado.
CONFIAMOS que el Gobierno Regional de San Martín asumirá su responsabilidad con el pueblo indígena, de terminar de sanear física, legal y titular a las comunidades para que no existan este tipo de problemas; se busque una solución para los conflictos de límites entre las regiones de Loreto y San Martín. Pedimos se establezca un diálogo urgente con los funcionarios del Gobierno Regional para buscar una  solución.
Como señala el art.14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
PEDIMOS DE URGENCIA se realice un informe técnico con una constatación en el lugar para determinar si existe una superposición territorial de la empresa, sobre los territorios de las pueblos indígenas shawis y SE INFORME A NOSOTROS Y AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de los resultados de la visita a la comunidad Santa Rosa de quebrada matador dela etnia shawi, la comunidad nativa San Manuel de Nashatawri quebrada apagüeño y la comunidad nativa Santa Sofía de la etnia kichwa; ubicados en el distrito de Papaplaya, provincia y región San Martín; y del propio territorio de la región San Martín, entendemos se encuentran afectados otros pueblos de asentados.
Artículo 12 del Convenio 169 de la OIT. - Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos.
REGLAMENTE a la brevedad el derecho a la consulta libre, previa e informada, con la participación indígena a nivel regional para evitar que se vulnere nuestros derechos de los pueblos indígenas.
Art. 15 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
ACLARE actuación de COFOPRI – LORETO Y REGISTROS PÚBLICOS, situación que afecta nuestros derechos territoriales. No entendemos porque nos discrimina COFOPRI por que no se titulan a las comunidades nativas.
SOLICITAMOS la intervención de los consejeros regionales y los congresistas electos de San Martín, para que se fiscalize estos hechos irregulares.
ORDENA al Procurador Regional, a los Gerentes Regionales, encargados para que defiendan, los recursos naturales, los territorios de los pueblos indígenas y la jurisdicción política y el territorio de San Martín.
PEDIMOS la intervención de la Defensoría del Pueblo ante la vulneración de nuestros derechos al territorio y el derecho a la consulta.
Las ONGS que trabajan derechos humanos y con pueblos indígenas que intervengan y nos apoyen.
PEDIMOS a los hermanos de las federaciones de los pueblos indígenas, organizaciones nacionales indígenas, de las rondas campesinasde San Martín, se pronuncien y nos apoyenante esta situación injusta.
No tenemos otras tierras, nuestro pueblo shawi espera el resultado, en la tierra sagrada de nuestros ancestros, nuestra vida esta ligada a la tierra. Somos pueblo indígena que ha luchado siempre. Si el Estado no nos atiende y guardan silencio, anunciamos que tomaremos medidas radicales para defendernos aplicando las costumbres y tradicionales.

Papaplaya, 27 de abril del 2011.
Federación Regional Indígena  Shawi  San Martín

Declaración de Iquitos

No hay Redd+ sin Territorios, Derechos y Autonomía de los Pueblos Indígenas

Reunidos en Iquitos (Perú), del 25 al 29 de abril del 2011, durante el Taller Nacional “Crisis Climática, Redd+ y Redd Indígena” organizado por COICA y AIDESEP, las ocho organizaciones regionales, federaciones y comunidades  representativas de los pueblos indígenas amazónicos, con la solidaridad de CONACAMI, manifestamos lo siguiente en relación a los procesos señalados, la situación nacional y los derechos colectivos de nuestros pueblos y comunidades.

Denunciamos  el peligro de catástrofe y destrucción de la cuenca amazónica, expresada en la irregularidad de las estaciones, las gigantescas inundaciones, sequías frecuentes, ríos desaparecidos, extinción de especies, desastres naturales, pérdidas agrícolas, aumento de enfermedades. No se trata solamente de un cambio climático natural, sino del calentamiento planetario producido el modelo de desarrollo que genera agresión climática global de los gases contaminantes de los países industrializados, y agravada por la deforestación, depredación y contaminación de las industrias extractivas locales, los monocultivos, plantaciones de biocombustibles, grandes hidroeléctricas, y prácticas inadecuadas de subsistencia.

Exigimos la reducción de los gases del calentamiento global, cambiando el modo de vida, del sistema económico y social dominante, de esa civilización del despilfarro en unos pocos países junto a la destrucción social y ambiental de la mayor parte del planeta. Se debe reconocer la deuda ecológica histórica de un puñado de países poderosos que usan en promedio mundial 3.8 hectáreas por habitante para el consumismo frente a las mayorías que sobreviven en la pobreza usando 1.4 Ha /Hab. A la vez reconocer el aporte de los pueblos indígenas a la humanidad de mantener vivo este planeta por miles de años y que se quiere destruir en el último siglo.

Rechazamos que en lugar de reconocer y pagar esa deuda ecológica histórica, el poder global mantenga la contaminación, deforestación y depredación, y pretenda encubrirlas a través del “mercado de carbono”, mediante contratos entre empresas que falsamente “compensarían” esos daños, con pagos a comunidades indígenas y locales para conservar bosques que limpien esa contaminación. Contratos donde se profundizaría la pérdida del control de nuestros territorios ancestrales, formas de vida y derechos y que se negociarían en las bolsas de valores con gigantescas ganancias. Es inaceptable arriesgar el suicidio de todas las formas de vida por insistir en más y más negocios.

Alertamos que el “Redd+” o “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación con manejo sostenible de recursos, aprobado en la Cumbre de Cancún del 2010 de la Convención del Clima (CMNUCC) puede ser conducido a ese escenario de falsas soluciones a la agresión climática global, que darán ganancias en juegos especulativos financieros, pero que no va impedir llegar al límite de más de tres grados de temperatura global donde los desastres climáticos y ambientales serán irreversibles. Alertar que incluso así se conserve la amazonía, no se detendrá la crisis climática global porque la contaminación continuará.

Denunciamos y rechazamos a la empresa de Hong Kong  SCRL (“Sustainable Carbon Resources Limited”, representada por el ciudadano de Australia David John Nilsson) que está dividiendo y presionando al Pueblo Matsés del Perú, para que firme un contrato de negocios de carbono, en el cual nuestros hermanos que aportan 420,000 has. de bosques conservados, dan poder total a una empresa  con apenas $ 10,000 que termina controlando el carbono, los bosques, la propiedad intelectual y las formas de vida de los Matsés, y que demuestra su mala fe, al obligar a firmar un contrato en inglés, sujeto a leyes y juzgados ingleses, sin plazo de vencimiento, y amenaza con juicios a quienes denuncian esta estafa.  Exigimos la intervención del Ministerio Público y su expulsión del Perú de este empresario Nilsson. Esto es un mal ejemplo de la “burbuja Redd” similar a 100 proyectos de estafas en el mundo (Papúa, Indonesia, Congo, etc) y otros que se intentan hacer de mala fé en Madre de Dios, Amazonas, San Martin, entre otros, donde se atropella derechos de los pueblos indígenas, se busca controlar el bosque y carbono de los territorios indígenas, dividiendo a nuestros pueblos con ilusiones millonarias inexistentes; y los promotores del Redd+ (Estado peruano, Bancos multilaterales, ONU) tienen el deber de intervenir y detener esa “burbuja” y estafas como la señalada.

Respaldamos  la iniciativa de la organización nacional indígena de la amazonía peruana, AIDESEP, de luchar por convertir la amenaza del Redd+ en una oportunidad para los pueblos y la humanidad, exigiendo un “Redd+ Indígena” que es su adecuación a las culturas, derechos y objetivos de los pueblos indígenas en cumplimiento del Convenio 169-OIT, la Declaración ONU de Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales que nos amparan. “Redd+ Indígena” como una propuesta para ser debatida, profundizada y reajustada en las organizaciones regionales, locales y comunales. El Redd Indígena defiende los bosques y territorios para la Vida; rechaza las estafas a nombre del mercado de carbono; impulsa la cooperación fuera de estas trampas y llama a evitarlas, postergando firmas comunales de contratos hasta que se aclare la reglamentación estatal e internacional sobre Redd+; cuestionando  enfoques y  proponiendo alternativas y condiciones para el caso del Perú como son entre otras:

 

•  No hay Redd+ sin Territorios, Derechos y Autonomía de los Pueblos Indígenas

• Territorios: Titulación de 20 millones de Has. de territorios indígenas de miles de comunidades por reconocer, demarcar, ampliar; establecimiento de territorios colectivos ancestrales como pueblos; además de las  Reservas Comunales y Reservas Territoriales (pueblos autónomos en aislamiento voluntario). 

• Derechos: Promulgación de ley marco de consulta y consentimiento previo aprobada por el Congreso Nacional el 19.05.2010. Efectiva consulta y consentimiento de los pueblos indígenas sobre las nuevas leyes, forestal y de servicios ambientales, que impidan nuevos latifundios forestales, respeten territorios indígenas posesionados  y  que realmente promuevan el manejo forestal comunitario. Estas tres leyes deben ser debatidas y aprobadas por el nuevo Congreso ya elegido, y no por el actual, evitando que un partido político en minoría ínfima deje tres bombas de tiempo al nuevo gobierno. 

• Autonomía: Establecimiento de las Mesas Indígenas de Redd+, basadas en las organizaciones indígenas locales, en cada región y a nivel nacional como interlocutoras directas con las autoridades y entidades nacionales e internacionales. No firmar ningún contrato Redd+ por ahora, y de ser el caso, deben garantizar el control territorial e intelectual indígena, el predominio del Convenio 169 y la DNUDPI por encima de cualquier cláusula de contrato, la firma de garantes como la Defensoría del Pueblo y organizaciones indígenas.

• Cumplimiento del acuerdo entre AIDESEP y MINAM (Ministerio del Ambiente) de titulación territorial en Loreto con un millón de dólares, que incluye reconocimiento, georeferenciación, demarcación, linderamiento, titulación, ampliación, entre otros; con aporte de $200,000 del FCPF (Fondo Cooperativo del Carbono Forestal) y el saldo por el Proyecto en Perú del FIP (Programa de Inversión Forestal) de $50 millones. Esto no es para burocracia ni despilfarro, sino para soluciones concretas a las comunidades.

• Continuar con el saneamiento físico legal y consolidación territorial en las demás regiones amazónicas del Perú utilizando para este fin a los centenares de millones de dólares involucrados en proyectos ya existentes y en negociación, sobre  cambio climático, bosques, Redd+ en Perú, con fondos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y de la cooperación internacional.

• Cumplimiento de los 14 acuerdos establecidos entre AIDESEP y el MINAM en las reuniones del 7,9 y 10 de marzo del 2011, que incluyen parte de las propuestas anteriores y otras en la dirección “Redd Indígena”, recogidos en el Plan Preparatorio de Redd+ en Perú (RPP) aprobado en la Asamblea del FCPF del 23-24 marzo del 2011, y en cumplimiento del “derecho indígena a elegir nuestras propias prioridades de desarrollo” (art.7º Convenio 169-OIT); y que sea respetado y cumplido en todas las instancias del Estado a nivel del nuevo gobierno nacional y  gobiernos regionales y locales. Las organizaciones privadas también deben respetar estos acuerdos y derechos .

Saludamos la comprensión y solidaridad hacia las propuestas de los pueblos indígenas, mostrada por diversos expositores integrantes de instituciones y organizaciones científicas, de promoción, investigación, capacitación, a nivel nacional e internacional, y los llamamos a fortalecer el diálogo intercultural, la cooperación y acciones conjuntas, y la incidencia, para defender los Derechos de la Naturaleza y Madre Tierra y de los Pueblos, comunidades y ciudadanos del mundo, por la pervivencia de todas las formas de Vida, sin contaminación, depredación, explotación ni discriminación.

Iquitos, 27 de Abril del 2011

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP

Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI

Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO

Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo, CORPI

Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte, ORPIAN

Organización Regional de AIDESEP Ucayali, ORAU

Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPI-SC

Coordinadora de Desarrollo y Defensa de Pueblos Indígenas de la Región San Martin, CODEPISAM

Federación Nativa de Madre de Dios, FENAMAD

Consejo Machiguenga del Río Urubamba, COMARU

Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, FECONACO

Federación Distrital Quechua del Pastaza, FEDIQUEP

Federación de Pueblos Indígenas Kichwa de la región San Martin, FEPIKRESAM

Central Asháninka del Río Ene, CARE

Consejo Indígena de la Zona Baja del Madre de Dios, COINBAMAD

Federación de la Cuenca del Curaray Arabela del Medio Napo, FECUNCUNA

Federación de Comunidades Nativas Chayahuita, FECONACHA

Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana, OEPIAP

Comunidad Callería, Pueblo Shipibo (Ucayali)

Comunidad Candungos, Pueblo Wampis (Amazonas)

Comunidad Yurilamas, Pueblo Kichwa (San Martin)