martes, 3 de mayo de 2011

Mineras en Amazonas reciben protección del Ejército Peruano



Se ha puesto al descubierto la existencia de un “Convenio de Colaboración Reciproca” entre  las Mineras del Sr. Carlos Ballón Barraza, la Minera Afrodita y el Ejército Peruano. El convenio fue firmado el 3 de mayo del 2010, es decir desde hace un año; en la que nuestro ejército Peruano se compromete a brindar seguridad a las empresas mineras a cambio de medicinas, energía eléctrica, transporte, entre otros.

El mencionado convenio hace referencia al visto bueno de la Secretaria General del Ministerio de Defensa con la finalidad de brindarle todas las facilidades para que realicen la actividad minera debido a la “dificultad que para el normal desarrollo de las actividades de ambos supone la zona”.

En el mencionado convenio, las empresas reconocen que “tienen previstos iniciar y/o continuar trabajos de exploración, para lo cual de ser el caso tramitará los permisos y licencias exigidos por la legislación de la materia”; es decir las mencionadas empresas no acreditaron los permisos correspondientes, sin embargo el Ejército bajo conocimiento de este impase suscribe el mencionado convenio.

En consecuencia, se espera que las autoridades correspondientes inicien un proceso de investigación, debido a que las Mineras en cuestión han iniciado trabajos de exploración sin los permisos correspondientes y a pesar de ello el Ejército Peruano ha suscrito convenios con conocimiento de las altas esferas castrenses.


Ver Convenio entre Ejercito y Mineras: click

Consulta a Ley Forestal en la fase final.



Existe gran expectativa en las comunidades nativas de la Región Amazonas por la última reunión de trabajo convocada por la Comisión Agraria del Congreso de la República, la cual está presidida por el Congresista Aníbal Huertas, respecto de la Consulta Previa Libre e informada del Dictamen del Proyecto de Ley N° 4141 Ley Forestal y Fauna Silvestre; la misma que se llevará a cabo entre los días 12 al 14 de mayo del año en curso en la ciudad de Lima.

Se sabe que la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN –P) participará de la reunión con cinco representantes, quienes serán convocados por la actual junta directiva para sustentar la posición regional respecto del dictamen en discusión.

Es necesario manifestar, que el incumplimiento de los compromisos asumidos por la Comisión Agraria del Congreso de la República, referidos a la realización de audiencias descentralizadas en la Provincia de Condorcanqui, ha generado profundo malestar y desconfianza por parte de los líderes de la Provincia, quienes nuevamente se sienten engañados y discriminados por las autoridades que tienen vinculación con el respeto de los derechos de los pueblos indígenas – lo refirió Elmer Ujukam, líder de la Provincia de Condorcanqui.

CARTA DEL PUEBLO INDÍGENA SHAWI DE SAN MARTÍN


WA’AN KAPINI NINUNTATUI YUNKIRAISU’
“ENTRE LOS JEFES NOS REUNIMOS PARA PENSAR”

Los pueblos indígenas shawis ubicados en el distrito de Pongo de Caynarachi, provincia Lamas y en el distrito de Papaplaya, Provincia y RegiónSan Martin, que conforman la Federación Regional Indígena Shawi - San Martín, FERISHAM, nos pronunciamos ante presunta vulneración del derecho al territorio ancestral y del derecho a la consulta, a la opinión pública, organizaciones sociales, Gobierno Regional, Congreso de la República y otras  autoridades estatales, para que se considere nuestras expresiones:
Como líderes shawis, tomamos conocimiento a mediados del año 2010, por parte de una asociación de productores de Nuevo Papalaya afectada por la empresa coreana ECOAMERICA, se estaba solicitando a través de una demanda judicial contra COFOPRI y Registros Públicos de Loreto, por la demora en la inscripción y titulación de 72,654 hectáreas, esto lo solicitaron al Juez de Yurimaguas, quien dicto una sentencia a su favor; posteriormente el Procurador Público del Ministerio de Vivienda y Construcción, en representación legal de Registros Públicos - SUNARP, apelo a la Sala Mixta de Tarapoto; quien emitió en segunda instancia un fallo contra la empresa ECOAMERICA y esta decidió apelar al Tribunal Constitucional de la República, encontrándose pendiente de resolver.
Nuestras comunidades nativas no tenemos títulos de propiedad, solo tenemos reconocimiento legal, estamos en posesión de nuestras territorios ancestrales. No es justo que nuestras tierras de las comunidades están valoradas en 0.80 céntimos cada hectárea, se les quiere entregar sin comprender el significado de la vida espiritual de la naturaleza, de los arboles, los animales que cuidan al pueblo indígena shawi.
Esta situación se presenta desfavorable para nuestro pueblo shawi, porque en ningún momento conocíamos que se estaban solicitando nuestras tierras ante COFOPRI-LORETO, ni judicialmente, ahora dicen que la ley favorece a la empresa para aplicación del silencio administrativo, no estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas con sus leyes, no somos parte del proceso, no existimos para el Estado, ni contamos con recursos para defendernos ante esta situación. Ninguna autoridad cumple con lo que dice el Convenio 169 de la OIT que dice que se deben respetar los territorios de los pueblos indígenas y que el Estado deben hacer lo necesario para que se respeten. Ninguna autoridad se pronuncia, ni interviene, que tenemos que hacer para seamos escuchados y tengamos justicia.
El pueblo indígena shawi esta entristecido e indignado, mañana podemos perder el territorio de nuestros ancestros, nuestra tierra madre, donde monteamos y cazamos animales, recolectamos plantas medicinales para curarnos, del bosque viviente cubrimos múltiples necesidades; nada nos da el Estado, la escuela esta abandonada, los niños están sin profesor; nos preocupa las actividades de esta empresa que ha iniciado actividades sobre los bosques por que estamos en la cabecera de las quebradas, esto sentimos nos pueden afectar, queremos dialogar pacíficamente, se nos escuche, se respete nuestro derecho al territorio, no queremos sufrir otro baguazo estamos preparados para luchar por nuestras tierras, sino tomaremos justicia de acuerdo a nuestras propias costumbres.
No entendemos porque el Estado entrega nuestras tierras a esta empresa sin consultarnos,en el silencio, no somos ciudadanos de segunda clase, somos peruanos, ciudadanos con otra costumbre, otra cultura diferente, siempre hemos pedido que nos den nuestros títulos y se limite nuestras tierras, en cambio  a esta  empresa que no reside en el país por poder económico se le atiende.
No es justo que vengan de otro país a quitarnos nuestras tierras, donde nuestros hijos y nietos indígenas van a buscar su sustento, para nosotros es como nuestro mercado.
CONFIAMOS que el Gobierno Regional de San Martín asumirá su responsabilidad con el pueblo indígena, de terminar de sanear física, legal y titular a las comunidades para que no existan este tipo de problemas; se busque una solución para los conflictos de límites entre las regiones de Loreto y San Martín. Pedimos se establezca un diálogo urgente con los funcionarios del Gobierno Regional para buscar una  solución.
Como señala el art.14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
PEDIMOS DE URGENCIA se realice un informe técnico con una constatación en el lugar para determinar si existe una superposición territorial de la empresa, sobre los territorios de las pueblos indígenas shawis y SE INFORME A NOSOTROS Y AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de los resultados de la visita a la comunidad Santa Rosa de quebrada matador dela etnia shawi, la comunidad nativa San Manuel de Nashatawri quebrada apagüeño y la comunidad nativa Santa Sofía de la etnia kichwa; ubicados en el distrito de Papaplaya, provincia y región San Martín; y del propio territorio de la región San Martín, entendemos se encuentran afectados otros pueblos de asentados.
Artículo 12 del Convenio 169 de la OIT. - Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos.
REGLAMENTE a la brevedad el derecho a la consulta libre, previa e informada, con la participación indígena a nivel regional para evitar que se vulnere nuestros derechos de los pueblos indígenas.
Art. 15 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
ACLARE actuación de COFOPRI – LORETO Y REGISTROS PÚBLICOS, situación que afecta nuestros derechos territoriales. No entendemos porque nos discrimina COFOPRI por que no se titulan a las comunidades nativas.
SOLICITAMOS la intervención de los consejeros regionales y los congresistas electos de San Martín, para que se fiscalize estos hechos irregulares.
ORDENA al Procurador Regional, a los Gerentes Regionales, encargados para que defiendan, los recursos naturales, los territorios de los pueblos indígenas y la jurisdicción política y el territorio de San Martín.
PEDIMOS la intervención de la Defensoría del Pueblo ante la vulneración de nuestros derechos al territorio y el derecho a la consulta.
Las ONGS que trabajan derechos humanos y con pueblos indígenas que intervengan y nos apoyen.
PEDIMOS a los hermanos de las federaciones de los pueblos indígenas, organizaciones nacionales indígenas, de las rondas campesinasde San Martín, se pronuncien y nos apoyenante esta situación injusta.
No tenemos otras tierras, nuestro pueblo shawi espera el resultado, en la tierra sagrada de nuestros ancestros, nuestra vida esta ligada a la tierra. Somos pueblo indígena que ha luchado siempre. Si el Estado no nos atiende y guardan silencio, anunciamos que tomaremos medidas radicales para defendernos aplicando las costumbres y tradicionales.

Papaplaya, 27 de abril del 2011.
Federación Regional Indígena  Shawi  San Martín

Declaración de Iquitos


No hay Redd+ sin Territorios, Derechos y Autonomía de los Pueblos Indígenas

Reunidos en Iquitos (Perú), del 25 al 29 de abril del 2011, durante el Taller Nacional “Crisis Climática, Redd+ y Redd Indígena” organizado por COICA y AIDESEP, las ocho organizaciones regionales, federaciones y comunidades  representativas de los pueblos indígenas amazónicos, con la solidaridad de CONACAMI, manifestamos lo siguiente en relación a los procesos señalados, la situación nacional y los derechos colectivos de nuestros pueblos y comunidades.

Denunciamos  el peligro de catástrofe y destrucción de la cuenca amazónica, expresada en la irregularidad de las estaciones, las gigantescas inundaciones, sequías frecuentes, ríos desaparecidos, extinción de especies, desastres naturales, pérdidas agrícolas, aumento de enfermedades. No se trata solamente de un cambio climático natural, sino del calentamiento planetario producido el modelo de desarrollo que genera agresión climática global de los gases contaminantes de los países industrializados, y agravada por la deforestación, depredación y contaminación de las industrias extractivas locales, los monocultivos, plantaciones de biocombustibles, grandes hidroeléctricas, y prácticas inadecuadas de subsistencia.

Exigimos la reducción de los gases del calentamiento global, cambiando el modo de vida, del sistema económico y social dominante, de esa civilización del despilfarro en unos pocos países junto a la destrucción social y ambiental de la mayor parte del planeta. Se debe reconocer la deuda ecológica histórica de un puñado de países poderosos que usan en promedio mundial 3.8 hectáreas por habitante para el consumismo frente a las mayorías que sobreviven en la pobreza usando 1.4 Ha /Hab. A la vez reconocer el aporte de los pueblos indígenas a la humanidad de mantener vivo este planeta por miles de años y que se quiere destruir en el último siglo.

Rechazamos que en lugar de reconocer y pagar esa deuda ecológica histórica, el poder global mantenga la contaminación, deforestación y depredación, y pretenda encubrirlas a través del “mercado de carbono”, mediante contratos entre empresas que falsamente “compensarían” esos daños, con pagos a comunidades indígenas y locales para conservar bosques que limpien esa contaminación. Contratos donde se profundizaría la pérdida del control de nuestros territorios ancestrales, formas de vida y derechos y que se negociarían en las bolsas de valores con gigantescas ganancias. Es inaceptable arriesgar el suicidio de todas las formas de vida por insistir en más y más negocios.

Alertamos que el “Redd+” o “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación con manejo sostenible de recursos, aprobado en la Cumbre de Cancún del 2010 de la Convención del Clima (CMNUCC) puede ser conducido a ese escenario de falsas soluciones a la agresión climática global, que darán ganancias en juegos especulativos financieros, pero que no va impedir llegar al límite de más de tres grados de temperatura global donde los desastres climáticos y ambientales serán irreversibles. Alertar que incluso así se conserve la amazonía, no se detendrá la crisis climática global porque la contaminación continuará.

Denunciamos y rechazamos a la empresa de Hong Kong  SCRL (“Sustainable Carbon Resources Limited”, representada por el ciudadano de Australia David John Nilsson) que está dividiendo y presionando al Pueblo Matsés del Perú, para que firme un contrato de negocios de carbono, en el cual nuestros hermanos que aportan 420,000 has. de bosques conservados, dan poder total a una empresa  con apenas $ 10,000 que termina controlando el carbono, los bosques, la propiedad intelectual y las formas de vida de los Matsés, y que demuestra su mala fe, al obligar a firmar un contrato en inglés, sujeto a leyes y juzgados ingleses, sin plazo de vencimiento, y amenaza con juicios a quienes denuncian esta estafa.  Exigimos la intervención del Ministerio Público y su expulsión del Perú de este empresario Nilsson. Esto es un mal ejemplo de la “burbuja Redd” similar a 100 proyectos de estafas en el mundo (Papúa, Indonesia, Congo, etc) y otros que se intentan hacer de mala fé en Madre de Dios, Amazonas, San Martin, entre otros, donde se atropella derechos de los pueblos indígenas, se busca controlar el bosque y carbono de los territorios indígenas, dividiendo a nuestros pueblos con ilusiones millonarias inexistentes; y los promotores del Redd+ (Estado peruano, Bancos multilaterales, ONU) tienen el deber de intervenir y detener esa “burbuja” y estafas como la señalada.

Respaldamos  la iniciativa de la organización nacional indígena de la amazonía peruana, AIDESEP, de luchar por convertir la amenaza del Redd+ en una oportunidad para los pueblos y la humanidad, exigiendo un “Redd+ Indígena” que es su adecuación a las culturas, derechos y objetivos de los pueblos indígenas en cumplimiento del Convenio 169-OIT, la Declaración ONU de Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales que nos amparan. “Redd+ Indígena” como una propuesta para ser debatida, profundizada y reajustada en las organizaciones regionales, locales y comunales. El Redd Indígena defiende los bosques y territorios para la Vida; rechaza las estafas a nombre del mercado de carbono; impulsa la cooperación fuera de estas trampas y llama a evitarlas, postergando firmas comunales de contratos hasta que se aclare la reglamentación estatal e internacional sobre Redd+; cuestionando  enfoques y  proponiendo alternativas y condiciones para el caso del Perú como son entre otras:
 
  •  No hay Redd+ sin Territorios, Derechos y Autonomía de los Pueblos Indígenas
  • Territorios: Titulación de 20 millones de Has. de territorios indígenas de miles de comunidades por reconocer, demarcar, ampliar; establecimiento de territorios colectivos ancestrales como pueblos; además de las  Reservas Comunales y Reservas Territoriales (pueblos autónomos en aislamiento voluntario). 
  • Derechos: Promulgación de ley marco de consulta y consentimiento previo aprobada por el Congreso Nacional el 19.05.2010. Efectiva consulta y consentimiento de los pueblos indígenas sobre las nuevas leyes, forestal y de servicios ambientales, que impidan nuevos latifundios forestales, respeten territorios indígenas posesionados  y  que realmente promuevan el manejo forestal comunitario. Estas tres leyes deben ser debatidas y aprobadas por el nuevo Congreso ya elegido, y no por el actual, evitando que un partido político en minoría ínfima deje tres bombas de tiempo al nuevo gobierno. 
  • Autonomía: Establecimiento de las Mesas Indígenas de Redd+, basadas en las organizaciones indígenas locales, en cada región y a nivel nacional como interlocutoras directas con las autoridades y entidades nacionales e internacionales. No firmar ningún contrato Redd+ por ahora, y de ser el caso, deben garantizar el control territorial e intelectual indígena, el predominio del Convenio 169 y la DNUDPI por encima de cualquier cláusula de contrato, la firma de garantes como la Defensoría del Pueblo y organizaciones indígenas.
  • Cumplimiento del acuerdo entre AIDESEP y MINAM (Ministerio del Ambiente) de titulación territorial en Loreto con un millón de dólares, que incluye reconocimiento, georeferenciación, demarcación, linderamiento, titulación, ampliación, entre otros; con aporte de $200,000 del FCPF (Fondo Cooperativo del Carbono Forestal) y el saldo por el Proyecto en Perú del FIP (Programa de Inversión Forestal) de $50 millones. Esto no es para burocracia ni despilfarro, sino para soluciones concretas a las comunidades.
  • Continuar con el saneamiento físico legal y consolidación territorial en las demás regiones amazónicas del Perú utilizando para este fin a los centenares de millones de dólares involucrados en proyectos ya existentes y en negociación, sobre  cambio climático, bosques, Redd+ en Perú, con fondos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y de la cooperación internacional.
  • Cumplimiento de los 14 acuerdos establecidos entre AIDESEP y el MINAM en las reuniones del 7,9 y 10 de marzo del 2011, que incluyen parte de las propuestas anteriores y otras en la dirección “Redd Indígena”, recogidos en el Plan Preparatorio de Redd+ en Perú (RPP) aprobado en la Asamblea del FCPF del 23-24 marzo del 2011, y en cumplimiento del “derecho indígena a elegir nuestras propias prioridades de desarrollo” (art.7º Convenio 169-OIT); y que sea respetado y cumplido en todas las instancias del Estado a nivel del nuevo gobierno nacional y  gobiernos regionales y locales. Las organizaciones privadas también deben respetar estos acuerdos y derechos .

Saludamos la comprensión y solidaridad hacia las propuestas de los pueblos indígenas, mostrada por diversos expositores integrantes de instituciones y organizaciones científicas, de promoción, investigación, capacitación, a nivel nacional e internacional, y los llamamos a fortalecer el diálogo intercultural, la cooperación y acciones conjuntas, y la incidencia, para defender los Derechos de la Naturaleza y Madre Tierra y de los Pueblos, comunidades y ciudadanos del mundo, por la pervivencia de todas las formas de Vida, sin contaminación, depredación, explotación ni discriminación.

Iquitos, 27 de Abril del 2011

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI
Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO
Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo, CORPI
Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte, ORPIAN
Organización Regional de AIDESEP Ucayali, ORAU
Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPI-SC
Coordinadora de Desarrollo y Defensa de Pueblos Indígenas de la Región San Martin, CODEPISAM
Federación Nativa de Madre de Dios, FENAMAD
Consejo Machiguenga del Río Urubamba, COMARU
Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, FECONACO
Federación Distrital Quechua del Pastaza, FEDIQUEP
Federación de Pueblos Indígenas Kichwa de la región San Martin, FEPIKRESAM
Central Asháninka del Río Ene, CARE
Consejo Indígena de la Zona Baja del Madre de Dios, COINBAMAD
Federación de la Cuenca del Curaray Arabela del Medio Napo, FECUNCUNA
Federación de Comunidades Nativas Chayahuita, FECONACHA
Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana, OEPIAP
Comunidad Callería, Pueblo Shipibo (Ucayali)
Comunidad Candungos, Pueblo Wampis (Amazonas)
Comunidad Yurilamas, Pueblo Kichwa (San Martin)


sábado, 23 de abril de 2011

Continua debate sobre transgénicos en Perú

Continua debate sobre transgénicos en Perú

CONSORCIO AGROECOLÓGICO DEL PERU
¡NO A LOS TRANSGENICOS
ALTO AL DS 003-2011 MINAG!
EL CONSORCIO AGROECOLÓGICO, instancia que agrupa a organizaciones de productores ecológicos y consumidores, cocineros, investigadores y redes agroecológicas, hace manifiesto su rechazo al Decreto Supremo N° 003-2011-MINAG denominado “Reglamento Interno Sectorial de Bioseguridad para Actividades Agropecuarias o Forestales” emitido el 15 de abril del 2011, y hace conocer a la ciudadanía, lo siguiente:
1. El artículo 9 del citado DS sobre Funciones del Grupo Técnico Sectorial (GTS) atenta a la ética pública al señalar que cuando el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) presente una solicitud para el ingreso o el desarrollo de un transgénico, la información confidencial será remitida a la Presidencia del GTS que es el propio INIA. Es decir, el INIA solicita y decide por sí y ante sí sobre un tema que atañe al derecho de los consumidores.
2. Nos parece inaudito que el Ministro de Agricultura, el Ministro de Economía y el propio Presidente de la Republica den la espalda a miles de productores del agro que vienen desarrollando estrategias de cuidado y conservación de nuestro patrimonio natural demostrando competitividad en el manejo sostenible de la agrobiodiversidad y la distinción de su gastronomía sana y segura lo cual es una ventaja comparativa para la marca país.
3. Es importante señalar que las fuerzas políticas que disputaran la segunda vuelta han expresado posiciones similares respecto a la necesidad de declarar una moratoria al ingreso de transgénicos por razones ampliamente justificadas. Por lo tanto nos parece sospechoso el impulso de último momento al citado Reglamento Interno Sector que favorecería a empresas comercializadoras de transgénicos.
4. Por lo expuesto, solicitamos a la Defensoría del Pueblo y las instancias competentes del Poder Judicial iniciar una exhaustiva investigación por abuso de poder identificando a los funcionarios responsables del Decreto Supremo 003-2011-MINAG por verse favorecidos con esta norma dados vínculos con transnacionales de transgénicos.
5. De igual manera, demandamos la opinión de los Ministerios de Salud y del Ambiente en vista que el tema los involucra directamente.
6. Asimismo exigimos al Pleno del Congreso poner en agenda los tres proyectos de Ley sobre Moratoria de Transgénicos y abrir debate sobre los mismos.
El CONSORCIO AGROECOLÓGICO respalda el desarrollo de la ciencia y la tecnología en apoyo de la seguridad alimentaria y la promoción de la agricultura ecológica. Por ello, se compromete en la aplicación del principio precautorio de Bioseguridad (Ley 27104) y exige la Moratoria del ingreso de transgénicos mientras se implementen debidamente los mecanismos de bioseguridad.

Lima, 20 de Abril 2011


MARCHA EN CONTRA DE LOS TRANSGENICOS EN EL PERÚ!
LUNES 25 DE ABRIL 6.00 pm.
Punto de encuentro Plaza de Barranco.
Pega ESTO EN TU FACEBOOK PARA QUE SE UNAN MAS!
Si no sabes lo que es un transgénico ni lo que esta en juego, mira éste video y únete!!!!!!!!!!!

miércoles, 6 de abril de 2011

Organización de Estados Americanos solicitó suspender inmediatamente el proyecto de represa de Belo Monte

Organización de Estados Americanos solicitó suspender inmediatamente el proyecto de represa de Belo Monte

Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los pueblos indígenas deben ser consultados ANTES del inicio de las obras

Altamira, Brasil, Washington, DC, — El 1 de abril pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) oficialmente solicitó al gobierno de Brasil suspender inmediatamente el licenciamiento y construcción de la gran represa de Belo Monte, en el estado de Pará, Brasil, argumentando que el proyecto podría perjudicar los derechos humanos de las comunidades tradicionales de la cuenca del río Xingú.  La CIDH determinó que el gobierno debe realizar procesos de consulta “previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuados”, con las comunidades indígenas involucradas antes de la construcción de la hidroeléctrica. El gobierno brasileño recibió un plazo de quince días para informar a la CIDH sobre el cumplimiento de la resolución.

La decisión de la CIDH responde a una denuncia presentada en noviembre de 2010 por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), la Prelazia del Xingú, el Consejo Indígena Misionero (CIMI), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Sociedad Paranaense de Derechos Humanos y Justicia Global, en nombre de varias comunidades tradicionales de la cuenca del Xingú.  De acuerdo con la denuncia, entre otros, estas comunidades no fueron consultadas de forma adecuada sobre el proyecto que, si se lleva a cabo, causará daños socio-ambientales irreversibles, desplazamientos forzados de miles de personas y amenazará una de las regiones de mayor valor para la conservación de la biodiversidad en el Amazonas.

“Al reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa e informada, la CIDH solicita que el gobierno brasileño paralice la construcción de Belo Monte y garantice el derecho de decidir de los indígenas”, dijo Roberta Amanajás, abogada de SDDH. “De esta forma, seguir con las obras sin realizar las consultas indígenas violaría el derecho internacional y el gobierno sería responsable internacionalmente por los impactos negativos causados por el proyecto”.

La CIDH también resolvió que Brasil debe adoptar medidas urgentes para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la cuenca del Xingú, además de medidas para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades tradicionales afectadas por la obra.

“La decisión de la CIDH envía un mensaje claro que las decisiones unilaterales del gobierno y la justicia brasileños, en busca del crecimiento económico a cualquier costo, constituyen una afronta a las leyes del país y a los derechos de las poblaciones tradicionales locales”, dijo Antonia Melo del MXVPS. “Nuestros gobernantes no pueden continuar excusándose en el crecimiento económico para violar los derechos humanos e impulsar proyectos que promueven la destrucción de nuestros recursos naturales y la muerte de los pueblos del Xingú y del Amazonas”.

La represa no sólo ha sido criticada por comunidades y organizaciones de la sociedad civil, sino también por científicos, investigadores y expertos de las agencias federales brasileñas.  Sólo el Ministerio Público Federal ha presentado diez demandas que están pendientes de resolverse.

“La decisión de la CIDH de la OEA es una alerta para el gobierno de Brasil y de todos los países de la región para que discutamos ampliamente entre todos este modelo de desarrollo autoritario y altamente predatorio que se está implementando en el hemisferio”, afirmó Astrid Puentes, co-Directora de AIDA. Cita algunos ejemplos de violaciones de derechos causadas por las grandes obras del Programa de Aceleración de Crecimiento del gobierno brasileño. “Son muchos los casos de desalojos forzados de familias que nunca fueron indemnizados, grandes impactos ambientales, destrucción social de comunidades y aumento de la violencia y pésimas condiciones de trabajo alrededor de los trabajadores de obras”.

“Estoy muy conmovida con esta noticia”, dijo Sheyla Juruna, líder de la comunidad indígena Juruna del km 17, afectada por el proyecto. “Hoy, más que nunca, tengo la certeza de que estamos en lo correcto en denunciar al gobierno ante la justicia por las violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas del Xingú y de todos los que están juntos en esta lucha en defensa de la vida y del medio ambiente. Continuaremos firmes y resistentes en esta lucha contra la implementación del Complejo de Belo Monte”.

La decisión de la CIDH ordenando la suspensión inmediata del proceso de licenciamiento y construcción de Belo Monte se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Convención de Biodiversidad, en la Convención Americana y en la propia Constitución de Brasil.


Más información acerca del proyecto de Belo Monte:


Asesoría de comunicaciones del MXVPS
Tica Minami – (+55-11) 6597 8359,
Verena Glass – (+55-11) 9853 9950

lunes, 4 de abril de 2011

Perú presenta su propuesta REDD+

NOTA DE PRENSA

PERÚ PRESENTÓ SU PROPUESTA DE PREPARACIÓN
PARA
REDD

Lima, 31 de marzo del 2011.- El Fondo de Preparación para REDD (Reducción por Emisiones de Deforestación y Degradación) aprobó la asignación de 3.6 millones de dólares para el Perú, luego que el Gobierno peruano presentara su Propuesta de Preparación para REDD (R-PP), documento que detalla las actividades que desarrollará el Perú para prepararse para la futura implementación del mecanismo REDD.

Esto ocurrió durante la 8va reunión del Comité de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, que se realizó del 23 al 25 de marzo en Da Lat, Vietnam. Este evento contó con la participación de representantes del Ministerio del Ambiente de Perú, de AIDESEP y de organizaciones de la sociedad civil integrantes del Grupo REDD Perú.

Al final de la presentación del R-PP el representante del Ministerio del Ambiente, Augusto Castro, destacó los acuerdos alcanzados en las últimas semanas tanto con AIDESEP como con el Grupo REDD Perú, los cuales serán incluidos en la nueva versión de la propuesta.

Los principales acuerdos alcanzados con el Grupo REDD Perú fueron: armonizar los mecanismos REDD a las características propias de Perú; adscribir la entidad coordinadora de  REDD a la Presidencia del Consejo de Ministros e incorporar a representantes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas como miembros con voz y voto; establecer planes de consulta específicos para poblaciones locales y pueblos indígenas en concordancia con una Ley Marco de Consulta Nacional; continuar el diálogo para seguir mejorando el R-PP e incorporar el diálogo de otros procesos como el Partnership REDD+, Programa de Inversión Forestal, el Programa Nacional de Conservación de Bosques, etc.

Asimismo, el Ministerio del Ambiente y AIDESEP llegaron a tres acuerdos principales: la creación y reconocimiento de las mesas REDD indígena a nivel nacional y regional, establecidas en coordinación con las organizaciones indígenas y con la participación de la entidad responsable de los asuntos indígenas; el inicio de acciones para el reconocimiento y formalización de las tierras de los Pueblos Indígenas; y el análisis y la propuesta de acciones para alinear la legislación nacional sobre propiedad de tierras y otros derechos de los Pueblos Indígenas a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales.

Por su parte, Hugo Che Piu, Presidente de Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR y coordinador del Grupo REDD Perú, resaltó la importancia de estos acuerdos con el Gobierno y resaltó que existe una excelente oportunidad para continuar la preparación de REDD en el camino del acuerdo y el consenso. Por ello, solicitó al Comité de Participantes que respalden y apoyen al Gobierno de Perú, a los Pueblos Indígenas y la sociedad civil para lograr el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y dar continuidad a este proceso de diálogo, pues contribuyen a fortalecer la sostenibilidad del proceso de preparación para REDD.

Por su parte, Karina Pinasco, representante de la Mesa REDD de San Martín, saludó que el Ministerio del Ambiente en las últimas fases haya tomado en cuenta la participación de los Gobiernos Regionales Amazónicos y de las organizaciones de Pueblos Indígenas y de la sociedad civil, tanto del nivel nacional como regional. Pinasco recalcó que espera que esta apertura se mantenga en la implementación de la propuesta. Asimismo, Lucía Ruiz, Directora Ejecutiva de CIMA Cordillera Azul, pidió que las coordinaciones no terminen con la elaboración y entrega de un documento (R-PP), sino que continúen con el fin de mejorar la propuesta y lograr más consensos.



Por otro lado, los representantes de AIDESEP resaltaron que los acuerdos a los que llegaron con el Gobierno peruano son un primer paso y que esperan que éstos sean implementados de manera adecuada. Además, manifestaron la necesidad de que se respeten las iniciativas de “REDD Indígena” y que se apruebe la Ley Marco de Consulta de los Pueblos Indígenas, aprobada en el mes de mayo de 2010 por el Congreso de la República. Finalmente, los representantes de AIDESEP manifestaron su preocupación por las iniciativas tempranas que se vienen promoviendo en la Amazonía peruana, haciendo un llamado a que se detenga la avalancha de contratos REDD promovidos por  empresas y ONGs con comunidades nativas, en las que en muchos casos los acuerdos son lesivos para dichas comunidades.

Finalmente, los representantes del Panel de Asesoramiento Técnico del FCPF resaltaron los avances del proceso de elaboración del R-PP peruano, específicamente en lo que se refiere a la incorporación de la definición de la tenencia de la tierra. Consideran además que esta incorporación representa desafíos para el Perú y debe estar acompañada de programas de trabajos específicos, definición de responsabilidades e instrumentalización del R-PP para lograr objetivos concretos. En este sentido, los integrantes del Comité de Participantes saludaron que Perú haya alcanzado acuerdos significativos con los Pueblos Indígenas y la sociedad civil.

No obstante, aún quedan varios temas sobre los que se requiere continuar con este diálogo, por ejemplo: una mejor comprensión de los drivers de deforestación y las acciones multisectoriales necesarias para hacerles frentes;  la mejora de la información, participación, capacitación y transparencia, entre otros. En ese sentido, los representantes de la sociedad civil, las organizaciones indígenas y el Gobierno coincidieron que el diálogo debe continuar.

Nota del Editor:
Grupo REDD Perú - espacio de la sociedad civil que ha venido articulando la coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas y el gobierno peruano. http://www.gruporeddperu.net/



Agradecemos su difusión.